El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) abrió un proceso sancionatorio en contra del ministro de Salud, Francisco José Alabí Montoya, por compras de suministros para atender la pandemia del covid-19.
En la resolución, a la cual tuvo acceso El Diario de Hoy, el TEG justifica que se avanza a la etapa sancionadora “por la probable transgresión a deber ético regulado en el artículo 5 letra c) de la Ley de Ética Gubernamental”.
Según este literal del artículo 5, toda persona sujeta a esta Ley debe “excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés”.
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El TEG recibió demandas contra ministro Alabí por Karen Daniela Genovez y Andy Failer, quienes señalaron que el funcionario autorizó y compró botas de hule para personal médico por la cantidad de doscientos veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$225,000) según orden de compra número 133/220, a favor de la empresa ‘Autodo S. A. de C. V.’, dedicada a la venta de repuestos para vehículos”.
Según una publicación periodística de la revista virtual Gato Encerrado, en la directiva de esta empresa está José Ángel Montoya Quiñónez, Gonzalo Montoya Quiñónez y Violenta Montoya Quiñónez. Todos ellos son primos del ministro de Salud. La presidenta de la empresa es Celina Quiñónez viuda de Montoya, también relacionada al funcionario.
“Celina también es la tía política de Alabí y madre de sus primos hermanos: José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñonez. Todos ellos también aparecen como miembros de la junta directiva de la empresa, según el Centro Nacional de Registros (CNR)” reza la nota de Gato Encerrado.
Esta nota periodística también recoge cómo el mismo Alabí admitió la compra y dijo que sería la Corte de Cuentas quien determinaría si hubo un conflicto de interés o alguna irregularidad.
Por su parte, el Tribunal de Ética “estima que existen elementos para considerar una posible transgresión a la ética pública”. Por ello, “resulta procedente ordenar a apertura del procedimiento administrativo sancionador”, añade.
Este Tribunal está otorgando al ministro un plazo de cinco días hábiles “para que en ejercicio de su derecho de defensa formule las alegaciones y presente prueba de descargo respecto de los hechos y la infracción que se le atribuye”.
Es importante el precedente
Andy Failer, uno de los demandantes en este proceso, dijo a El Diario de Hoy que “tomando en cuenta que esta es de la primeras compras irregulares que avanza en lo que queda de institucionalidad, es importante que se siente un precedente”.
Failer, quien es uno de los dirigentes del partido Nuestro Tiempo, afirmó que “ojalá el TEG sancione al Ministro Alabí” por la compra de esas botas a la empresa de sus primos.
Por su parte, Daniela Genovez, quien fue candidata a una diputación por el FMLN, también consideró importante que se haya llegado a la etapa sancionatoria "en un caso que implica a los familiares del ministro de Salud, quien en tiempo de la pandemia hizo un mal uso de los recursos contratando y favoreciendo a sus familiares; en este caso se trata de una infracción a la Ley de Ética Gubernamental".
Según Genovez, "es necesario que llegue a una sanción debido a que no se puede estar manejando de manera arbitraria los fondos públicos y mucho menos estar saqueando al Estado para favorecer a los funcionarios públicos que ahora están en el gobierno".
Ley Alabí que blinda compras
“Esto también nos indica lo importante que fuese si se deroga la Ley Alabí. Hay demasiada oscuridad en las compras del MINSAL y hay que arrojarles luz desde donde se pueda. También es importante que la cultura de denuncias ciudadanas no se dé por vencida”, afirmó Failer.
La “Ley Alabí”, formalmente llamada Ley para el uso de productos par tratamientos médicos, aprobada a inicios de la legislatura actual, blindaba de investigación las posibles compras irregulares hechas durante la pandemia de covid-19. Recientemente, el ministro de Salud solicitó reformas a esta polémica normativa, las cuales aprobó la Asamblea Legislativa. La modificación excluye actos de “fraude, soborno, corrupción, robo, falsificación o piratería”.
Organizaciones de sociedad civil protestaron que la ley debió ser derogada por completo, aunque lamentan que se haga hasta después que la mayoría que responde al presidente Bukele removió a cientos de jueces, además de tener el control de la Fiscalía General de la República.
Daniela Genovez, por su parte, consideró esta ley como una herramienta de "opacidad que permite que se pueda ejercer actos de corrupción en el manejo que hace el Ministerio de Salud sobre los fondos públicos para el manejo de la pandemia".
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