Los audios sustraídos del teléfono celular de uno de los pandilleros que participaba de las negociaciones y el decomiso de un manuscrito en hojas de cuaderno a las que las pandillas le llaman “willas”, permitieron a la Fiscalía darse cuenta de las demandas que las pandillas le hacían al gobierno para mantener vigente el acuerdo de reducir los homicidios, según El Faro.
Son 19 demandas muy parecidas a los que las pandillas plantearon en 2012 al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, cuando visitó el país para acuerpar la tregua entre esos grupos en la gestión presidencial del prófugo Mauricio Funes.
“De los 19 puntos, 14 se refieren a la vida al interior de las cárceles y el resto son peticiones para mejorar la vida de los pandilleros en libertad y sus familias”, señala periódico.
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Entre las peticiones se destaca la exigencia de las pandillas para limitar el uso de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército.
”Que se tenga un cese al ataque de la Policía y la Fuerza Armada y unidades a nuestra gente (pandilleros) en las calles”.
A mediados de julio pasado, el Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) denunció que jefaturas policiales de Apopa habían prohibido al personal policial a no intervenir pandilleros o de lo contrario podían ser sancionados con traslados arbitrarios.
“No se metan en problemas dejen los muchachos tranquilos (pandilleros), de noche enciendan las luces y sirena policial para que el pandillero se retire”, señaló el MTP en su cuenta de Twitter.
Esa denuncia del movimiento policial fue desmentida por las autoridades de la Policía.
Otra de las peticiones es la creación de “comisiones” para evaluar de manera constante el actuar de los aparatos de seguridad; así como, de los custodios de penales para evitar que comentan “ilegalidades”.
Cesar la persecución contra sus familias y que los policías, militares, custodio o personal penitenciario que hayan participado en “torturas” a reos en las prisiones sean depurados.
También pidieron el traslado a otra cárcel de pandilleros que tienen más de siete años en Zacatraz, pero que no fuera a Izalco fase III. Que se definiera el tiempo máximo de permanencia en el penal de Zacatecoluca “sin importar el perfil” del reo.
El retiro de las planchas metálicas que cubren las puertas y que se mejore la ventilación, y que la estadía en los sectores 5 y 6 en Zacatecoluca, Izalco fase III y celdas de castigo tenga un máximo de tres años.
Las bartolinas policiales conocidas como “penalitos” sean desmanteladas, y que se construyan instalaciones para detención provisional con buenas condiciones y no “centros de tortura”, señalan.
Restablecer las visitas familiares y las visitas íntimas en los penales de máxima seguridad.
Para los pandilleros en libertad demandan programas especiales de reinserción para quienes recién salen de la cárcel. Creación de micro y pequeña empresas para los pandilleros en libertad y cooperativas. Exigen además becas de estudios superiores para sus hijos, entre otras demandas.
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