Una corte antimafia condenó a penas de entre 4 y 34 años de prisión a 13 pandilleros por su participación en el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en 2017, informó el órgano Judicial.
La fuente señaló que los pandilleros del Barrio 18 recibieron dichas penas por ser “cómplices no necesarios” en el asesinato del agente Víctor Díaz y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Apuntó que la condena se basó principalmente en la declaración de un testigo bajo criterio de oportunidad, quien fue amenazado de muerte para colaborar en el traslado del cadáver del uniformado.
Esta persona declaró en el juicio que fue obligado a mover al menos dos cuerpos más en una comunidad del municipio de Soyapango, fronterizo con la capital, donde trabajaba en programas de “reinserción” de pandilleros.
Según las autoridades de seguridad salvadoreñas, las pandillas buscan presionar al Gobierno con los ataques contra los miembros de los cuerpos de seguridad para obtener beneficios carcelarios para sus líderes.
La PNC registra en 2019 al menos 19 bajas por ataques armados contra sus elementos, principalmente cuando se encuentran en su día libre, mientras que el Ejército registra 12 elementos ultimados.
Durante el año 2018 fueron ultimados 32 policías, 2 empleados administrativos de ese cuerpo de seguridad, 17 militares, 3 custodios de Centros Penales y un estudiante de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El Gobierno responsabiliza a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50.3 por cada 100,000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación como una de las más violentas del mundo.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.
Según los analistas, las “maras” son uno de los principales problemas que el presidente electo, Nayib Bukele, deberá enfrentar tras tomar el poder el 1 de junio, dado que amenazan sus proyectos sociales