El profesor le ha pedido unas fotografías. Las exigió como si se tratara de una tarea o un examen que Alicia no quiso presentar. La presiona, le llama la atención. Usando su autoridad como profesor, le dice que debe seguir sus indicaciones. Alicia se siente culpable. ¿Es obvio para el resto de la clase lo que le pasa? ¿Es evidente que su cuerpo ha sido utilizado? “Él lo sabe, seguro que él lo sabe”, piensa. ¿Qué son unas fotografías desnuda comparadas con lo que su padrastro le ha hecho?
La culpa y la vergüenza acrecientan el dolor que Alicia ha sentido durante los últimos años… desde que la mirada de su padrastro se posó en ella. A sus 14 años, Alicia ha sido traicionada en el hogar y en la escuela. Siente que no hay refugio para ella, quiere rendirse.
Además de su profesor y su padrastro, nadie más sabe… Fue una psicóloga la que escuchó por primera vez sobre el abuso, la vergüenza, el sentimiento de culpa. Las malas notas y ensimismamiento que Alicia presentaba llamaron la atención de otro profesor de la escuela, quien notificó su caso. La escuela de Alicia es una de las pocas en El Salvador que es parte de un programa de prevención del fracaso escolar y de atención de la salud mental de los estudiantes por parte de los psicólogos de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia del Hospital San Pedro de Usulután.
“Desde el punto educativo se dice que el adolescente no rinde, pero nosotros sabemos que algo está ocurriendo”, explica el psicólogo y coordinador del área de salud mental de la unidad, Miguel Ernesto Marquínez.
Cuando la psicóloga descubrió que Alicia había sido víctima de violencia sexual de parte de su padrastro y que estaba siendo acosada por su maestro, la verdad sacudió a la comunidad y al centro escolar. Para proteger a Alicia del impacto que la situación estaba teniendo, fue trasladada de su comunidad hacia el hospital.
El acoso del maestro había reforzado aún más el trauma que Alicia había sufrido en su casa. “Cuando empieza a sufrir abuso por parte de su padrastro ella lo asume como algo normal, como un comportamiento para ella natural, en el centro escolar viene a reforzar esa idea: ‘Soy un objeto sexual, para que abusen de mí’”, explica.
Lograr que Alicia hablara fue muy difícil para el psicólogo. La pena y el sentimiento de culpabilidad la embargaban: “Ella pensaba, quizás yo lo provoqué, quizá él sabe que es lo que me pasó, él me busca, no valgo nada, no soy importante. Esta situación viene a reforzar estos sentimientos de inferioridad, baja autoestima”.
Aunque desde el hospital procedieron con rapidez a emitir los avisos contra el maestro, la situación con relación al padrastro fue más compleja. El hospital está obligado a reportar el caso a la Policía, pero a veces la familia de la víctima se convierte en un obstáculo.
En el caso de Alicia se trataba de una familia de escasos recursos, con seis hermanas y una madre, donde el único proveedor de ingresos era el agresor. Marquínez dice que lograron que la madre aceptara interponer la denuncia y tuvieron que involucrarla también en las sesiones de terapia. El psicólogo asegura que no son pocos los casos en los que la madre no le cree a su hija que ha sido víctima y la familia se rehusa a interponer la denuncia.
Han pasado meses desde que Alicia logró denunciar a su agresor, Marquínez asegura que tanto ella como su familia reciben aún tratamiento psicológico para poder superar lo que ella vivió. Lamentablemente, Alicia ha sido solo uno de los miles de casos de niñas que son atacadas durante su etapa de desarrollo.
A diario, 13 mujeres fueron víctimas de alguna forma de violencia sexual en El Salvador durante el trienio de 2015 a 2017. El informe sobre hechos de violencia contra las mujeres, publicado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Dirección General de Estadística y Censos, destacó que en ese período se incrementaron las víctimas de violencia sexual en un 14.7%. En 2015 hubo 5,325 mujeres víctimas de violencia sexual, 5,602 en 2016 y 6,108 en 2017.
La cantidad diaria de víctimas de violencia sexual es un dato alarmante, sobre todo si se considera el subregistro de este tipo de delitos, destacó el informe.
En 2017, la tasa de violencia sexual fue de 175.3 por cada 100,000 mujeres, incrementando 20 puntos respecto a 2015, cuando la tasa era de 155.7 por cada 100,000 mujeres. El informe señalaba que ese dato colocaba al país “en categoría de epidemia de violencia sexual”, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
Además, durante 2017 el promedio mensual de mujeres que enfrentaron hechos de violencia fue de 509. El 92% de las víctimas de violencia sexual durante 2017 fueron mujeres, el 8% de las víctimas eran hombres.
De acuerdo al informe, Cabañas es el departamento donde existe mayor incidencia de violencia sexual para las mujeres, seguido de La Unión y Santa Ana. Mientras que para los hombres la mayor incidencia de violencia sexual ocurre en San Vicente, Chalatenango y Santa Ana.
Los datos del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) también destacaron un incremento en los casos de violencia y agresiones sexuales contra niños y adolescentes. En 2014 la Fiscalía General de la República (FGR) les reportó 1,556 casos de niños y adolescentes víctimas de violaciones. En 2016 la cantidad de víctimas fue de 1,789 y en 2017 fue de 2,025.
De igual forma, la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales pasó de 651 en 2014 a 822 en 2015;y de 870 en 2016 a 1,027 en 2017.
Solo entre enero y marzo de 2018, el CONNA ya había recibido 472 casos de amenazas o vulneraciones a la integridad sexual de menores de edad.
El registro de atenciones por abuso sexual también se ha disparado en el Ministerio de Salud: de 919 atenciones relacionadas a abuso sexual en el 2016 se pasó a 3,093 en 2017. Hasta mayo de 2018 ya se reportaban 542 atenciones.
María Emperatriz Crespín, jefa de la unidad de violencia del Minsal, considera que una de las razones del incremento tiene que ver con que se han mejorado los procesos de captación de registros porque se ha trabajado en reforzar la identificación de los casos. Pero reconoce que ha ocurrido un incremento de casos de abuso sexual, sobre todo contra adolescentes y menores de edad.
Crespín dice que hay una preocupación nacional por la situación actual y por detener la persistencia de agresiones contra niñas y adolescentes:“Es inaceptable… Debería haber cero casos. La cultura, la falta de protección en el ámbito familiar, es un problema no solo desde el Estado, tiene que involucrarse la sociedad, la familia, los maestros”.
El grupo de edad más afectado ha sido el de las niñas de 11 a 15 años, reportándose 2,270 atenciones por abuso sexual de niñas de estas edades y 69 atenciones por esta causa en niños. Los más vulnerables son quienes tienen 14 años. Pero Salud también ha registrado más de 723 casos de niñas y niños menores de 10 años que han sido atendidos por abuso sexual. También, entre 2016 y mayo de 2018, han sido atendidos 10 bebés menores de un año por abuso sexual.
“Ha habido un incremento ahorita. Las autoridades están trabajando en este tema para darle un abordaje a escala nacional, además de lo que ya se está haciendo. Vemos que los niveles de violencia, de crueldad hacia niños y niñas, de parte de los agresores no tienen límites. Estamos viendo de 5 años, les pasan infecciones de transmisión sexual. Uno piensa, ¿cuál es la respuesta?”, cuestiona Crespín.
Ella asegura que Salud no quiere quedarse pasivo solo atendiendo las enfermedades y consecuencias de los abusos sostenidos contra los niños, que incluye la atención de infecciones de transmisión sexual que les han transmitido. Señala que el problema tiene que ver con el comportamiento y parte de la salud mental de la población.
“Si soy capaz de hacer con mi hijo, mi hija, este tipo de agresiones o con un bebé de la comunidad, de la familia, es porque los niveles de violencia, de agresividad, de conductas o comportamiento nocivo están llegando a un límite en el que hay que darle una intervención urgente, preventiva principalmente”, dice Crespín.
En 2018, el hospital de Usulután también registra un incremento de casos de abuso sexual. Hasta el 31 de agosto habían recibido 225 casos; de estos, 219 eran víctimas adolescentes. Marquínez calculaba que los casos ya superaban los de años anteriores: “Hay tanto desconocimiento en la población, siempre está el estigma hacia la mujer y el machismo, de ver a la mujer como un objeto sexual”.
El desconocimiento o negación incluso se extiende hacia las víctimas. Al hospital llegan mujeres con síntomas de ansiedad. Marquínez comenta que al consultarles si han sido víctimas de violencia dicen que no, hasta mucho después cuentan que su esposo o pareja las maltrata, les dice que son tontas o las obliga a tener relaciones sexuales cuando ellas no lo desean.
Marquínez reconoce que hay un subregistro de casos, por ello también han impulsado una estrategia enfocada en los centros escolares cercanos al hospital y de otras zonas de Usulután. A través de este programa, han detectado seis casos de abuso sexual; en cuatro de los casos, los agresores eran familiares de las víctimas, incluido el caso de Alicia. “Siempre se mantiene al alza los casos en los que los victimarios son familiares, pero también hay casos fruto de la violencia”, aclara Marquínez.
Cuando las víctimas llegan al área de emergencia y el personal detecta que han sido agredidas sexualmente, se activa la “Clave V”, que es como se refieren a estos casos para intentar proteger su diagnóstico del resto de personas esperando en la emergencia y evitar que la víctima tenga que escuchar su diagnóstico cada vez que se refieren a ella.
Al ser uno de los seis hospitales del país que tiene una unidad de atención a víctimas, la emergencia del hospital de Usulután tiene un área especial para este tipo de casos. Ahí la víctima ya no debe salir hacia otras áreas y pues en esa zona es atendida por ginecólogos, psicólogos, policías y la fiscales.
El “kit” del trauma
Un día el hospital recibió a toda una familia. Horas antes, la familia vivía un día rutinario cuando de repente unos hombres encapuchados irrumpieron en la casa, sacaron a dos hermanas y dejaron al resto amarrado. Los hombres violaron a las jóvenes y después las regresaron a la casa.
Toda la familia las acompañó al hospital, no querían volver a la casa.
En el consultorio especial las jóvenes recibieron un “kit de la dignidad”: una pequeña bolsa con el logo del hospital que contiene todo lo que podrían necesitar en ese momento. Una toalla para que se bañen en la ducha del área, toallas sanitarias, un cepillo de dientes, champú, desodorante y en una pequeña bolsa, ropa interior limpia, nueva y blanca.
Las jóvenes quedaron ingresadas. Personal del hospital ayudó al resto de la familia a conseguir un albergue temporal con instituciones como Ciudad Mujer, para mientras encontraban un lugar seguro a donde trasladarse.
“La violencia sexual es una ruptura de la vida de toda persona, toda mujer que sufre abuso sexual tendrá un antes y un después. No será la misma persona”, sostiene Vanesa Martínez, Subdirectora de Defensa de Derechos individuales del CONNA.