Cuando Carmen, nombre ficticio, estaba embarazada decidió que su hijo lo daría en adopción por razones que no dijo. Ella vio una página en redes sociales en la que ofrecían trámites para la adopción de niños.
Carmen contactó a las personas que ofrecían este servicio porque quería saber sobre los trámites para dar en adopción a su hijo. Así comenzó un calvario para esta mujer.
El sitio web en el que se publicitaba los servicios, era manejado por Katia Lissette Barahona Gutiérrez, quien es Licenciada en Derecho, pero no está autorizada para ejercer como abogada ni mucho menos como notaria, según la Fiscalía.
Barahona le hizo creer a Carmen que todo el proceso sería legal y que este estaba en curso por lo que le mostró una serie de documentos, los que resultaron ser falsos.
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Con engaños le quitaron al bebé, pero ella supuestamente se habría arrepentido posteriormente. El bebé fue llevado a la casa de uno de los imputados en Santa Ana.
Fue entonces que Barahona le advirtió que tenía que cumplir con el trato o de lo contrario podría ir a la cárcel por incumplir. Sin embargo, ella los denunció ante la Fiscalía.
Barahona Gutiérrez tenía la colaboración de Xiomara Ignacia Acosta Magaña y Fernando Josué Quintanilla para realizar las adopciones fraudulentas, según la Fiscalía.
Los tres ya están capturados porque tendrán que responder ante los tribunales de justicia por el delito de trata de personas en la modalidad de adopciones fraudulentas.
Tras recabar las evidencias necesarias, la Fiscalía General ordenó las capturas de las tres personas que son acusadas de realizar falsas adopciones de niños por los que cobraban de $2,500 a $5,000 a las personas interesadas.
Las capturas de los tres imputados ocurrieron en sus casas situadas en Texistepeque, Santa Ana; y en Aguilares, San Salvador.
Los imputados se encargaban de buscar a mujeres embarazadas y de escasos recursos económicos para convencerlas de entregar a sus hijos recién nacidos en adopción que resultaban ser fraudulentas. Luego utilizaban documentos falsos para simular de que se trataba de un proceso de adopción legal.
Estos hechos se registraron entre julio y diciembre del año pasado.
"Con todo lo anterior, se demuestra que actuaron contrario al proceso legal que regula la Ley Especial de Adopciones de El Salvador", señala la Fiscalía.
El ente fiscal sigue las investigaciones para determinar el destino de los niños que habrían sido entregados por sus madres con la promesa de que serían dados en adopción.