Varios transportistas que son propietarios de unidades de transporte público de la zona de San Pedro Perulapán y San Martín hicieron un llamado a las autoridades para que cese el acoso de parte de policías y militares en su contra.
Uno de los dueños de buses, que pidió el anonimato por temor a represalias del gobierno, informó que motoristas y cobradores están siendo abordados por soldados y policías, quienes les exigen que les proporcionen los nombres completos, la dirección de residencia y los números de teléfono de los dueños de las unidades.
“Les dijeron que si no brindan la información solicitado se exponían a que les decomisaron las unidades” afirmó.
A los motoristas también se les pide información sobre la forma de trabajo de cada ruta, si se trata de una cooperativa o asociación. “Trabajar como cooperativa es un derecho, no una obligación” expresó el denunciante.
El demandante pidió al gobierno que garantice el cumplimiento del contrato de concesión, el cual en una de sus cláusulas establece que el Estado garantizará la seguridad jurídica, material y las condiciones adecuadas para que ellos brinden el servicio.
El propietario explicó que además como transportistas enfrentan una serie de problemas como la extorsión, la competencia ilegal de pick ups, vehículos, motos y el retraso de la entrega de la compensación económica.
Esto se da días después que el gobierno se apoderara de manera irregular de una ruta completa de microbuses, propiedad de Catalino Miranda.
Además, el empresario fue capturado por la policía, acusado de aumentar el pasaje de forma ilegal y obstaculizar la vía pública.
Tres días después la Fiscalía acusó a Miranda de resistencia y desórdenes públicos, a pesar que el día de la captura, en imágenes compartidas por los mismos medios de propaganda del gobierno, se le ve dentro de una patrulla sin esposas y hablando por celular.