Por posible cometimiento de infracciones el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, puso un aviso este miércoles en la Defensoría del Consumidor en contra de varios funcionarios del Gobierno relacionados con el cobro del impuesto de $0.10 centavos por cada galón de gasolina que pagaron los automovilistas desde el 1 de julio para fondear el subsidio que el Gobierno entrega a los buseros para que no cobren más por el pasaje en el transporte público.
Esto, a raíz de las publicaciones realizadas por El Diario de Hoy en donde se informó que el Gobierno ha cobrado la Contribución al Transporte (Cotrans) mejor conocido como impuesto de “guerra”, pese a que la vigencia de la ley de estabilización de las tarifas venció el 30 de junio, cuya normativa permitía usar ese dinero para subsidiar a los buseros el pasaje del transporte público.
Cabe mencionar que desde hace varios meses desde que el Ejecutivo impuso la primera cuarentena obligatoria, el transporte público no ha circulado y el Gobierno ha seguido cobrando el impuesto sin explicar qué ha hecho con ese dinero.
En el anuncio presentado por Portillo Cuadra pide a la Defensoría del Consumidor se investiguen de oficio los hechos, se deduzcan responsabilidades en contra del Director Nacional de Minas e Hidrocarburos, el ministro de Hacienda y el viceministro de Transporte, y se devuelva a los consumidores de la gasolina los $3.5 millones que el gobierno siguió cobrando después del 30 de junio que caducó la vigencia de dicho impuesto.
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Además, pide que se deduzcan responsabilidades por las supuestas infracciones cometidas en contra de los funcionarios en mención y de cualquier otro servidor público que no haya informado debidamente o a tiempo “la suspensión definitiva del cobro de $0.10 centavos de dólar para la compensación económica del transporte público de pasajeros”.
También, Portillo Cuadra propone que para reintegrar el dinero, el Estado no cobre durante 28 días esos $0.10 centavos
En su defensa los gasolineros informaron que siguieron trasladando el impuesto al consumidor ya que su proveedor también se los estaba cobrando pasado el vencimiento del mismo, que fue el 30 de junio.
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Sergio Recinos, expresidente de la Asociación de Distribuidores de Petróleo en estaciones de servicio (Adepetro) y propietario de gasolineras confirmó que el cobro se seguía haciendo porque las petroleras, que son sus proveedores, también se los han cargado dentro del costo del flete adquirido para comercializar al detalle.
“Yo lo tengo que trasladar porque viene en mis costos. En la última pipa que me llegó de hace dos días lo tengo agregado”, explicó el empresario hace unos días.
La Ley Transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros fue creada en noviembre de 2007 con vigencia para un año; desde entonces la Asamblea Legislativa la ha venido prorrogando con el fin de mantener el subsidio a los transportistas.
Sin embargo, la última prórroga fue en diciembre de 2019, la cual tendría vigencia únicamente por seis meses, que vencieron el pasado 30 de junio.
Ante esto el diputado David Reyes, de ARENA, confirmó que el cobro del impuesto ya es ilegal pues no hay ley que lo ampare.
“Al haber expirado esa ley transitoria ya no hay base legal para seguirlo cobrándonoslo”, aseguró hace poco.