En el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, expertos en transparencia coincidieron en que este año ha sido de retroceso significativo en el acceso a la información pública por parte del Gobierno de Nayib Bukele, por lo cual consideran clave que la ciudadanía se organice para exigir datos y acabe con la opacidad de la actual administración.
“Este año, el acceso a la información dejó de ser un derecho garantizado. Venimos de un franco retroceso, hay solo un pequeño acceso. El Estado concede la información casi como una gracia divina”, dijo Ruth Eleonora López, jefa anticorrupción de Cristosal en el foro “Desafíos del Derecho a la Información Pública” organizado por Funde, Acción Ciudadana y el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública.
López se refiere a las reservas de información que ha hecho el gobierno de las compras de emergencia durante la pandemia, los datos de vacunación anticovid y de hospitalización, además de las cuestionadas elecciones de comisionados de acceso a la información por parte del Ejecutivo que han terminado por cooptar el IAIP y volverlo afín a la administración actual.
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López recordó que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la ley que lo rige se volvió un importante instrumento para el periodismo y la ciudadanía para conocer temas polémicos en anteriores administraciones. Entre ellos, mencionó los viajes del expresidente Mauricio Funes, así como contrataciones y adquisiciones de anteriores administraciones desde 2012.
“El acceso a la información pública es un mecanismo de preservación de la democracia y con su debilitamiento estamos en clara opacidad. Los límites se convirtieron en la regla y no en la excepción, hay una escasa actividad de los portales de información pública”, resumió la jefa anticorrupción de Cristosal.
Y se preguntó ante ese panorama de escasa transparencia, qué nos queda. “La inactividad ciudadana no es una opción, ni dejar de educar a la población en acceso a la información que es su derecho. Cruzarse de brazos no es opción”, dijo.
Opacidad debe preocupar a todos, dice presidente de APES
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga, las políticas poco claras del actual gobierno no solo tienen que ver con el rol de los medios de comunicación sino con todos los ciudadanos.
“El debilitamiento del acceso a la información no debe preocupar solo al periodismo sino a toda la ciudadanía porque es un derecho que atañe a toda la población”, consideró el periodista.
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Castro Fagoaga coincidió con López en que la Ley de Acceso a la Información se convirtió en una herramienta adicional para el periodismo de investigación desde su funcionamiento en 2012.
“Es importante cuando existe un árbitro independiente (en referencia al Instituto). ¿Cuándo se ha degradado esa herramienta? Cuando se ha cercenado la ley de acceso y el árbitro solo pita para un lado”, resume Castro Fagoaga en referencia a la cooptación del IAIP por parte del Ejecutivo.
El además gerente general de la revista digital Factum enumeró que este año ha habido 280 reservas de información a datos que deberían ser públicos. “Vemos una campaña sistemática para reservar información que debería ser pública (por parte del Gobierno)”, reseñó.
Llave de la democracia
El chileno Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia de Chile, el acceso a la información pública “forma parte de una garantía política, parte del empoderamiento del ciudadano”.
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A su juicio, es importante que la ciudadanía presione por la transparencia y narró cómo en Chile los avances en materia de información pública no fueron del agrado de los políticos, pero fue gracias a esa presión de la población que han logrado que los funcionarios pongan a disposición de los ciudadanos sus declaraciones patrimoniales, algo que no ha pasado en El Salvador.
Para ello, consideró el experto chileno es importante que exista un árbitro imparcial, en el caso de El Salvador es el IAIP, que dirime de forma limpia los conflictos en la entrega de información entre los solicitantes y el Estado. Además, instó a la ciudadanía a luchar por su derecho a saber a dónde van sus impuestos.