“Mi padre murió en junio de 2020 a causa de covid, por no tener los materiales (Equipo de Protección Personal) en ese momento, una de sus funciones era entregar los cadáveres de las personas que habían fallecido por dicha enfermedad (covid-19) y lastimosamente se contagió y falleció”, relata Adrián Guillén sobre su padre, Manuel de Jesús Enrique Sánchez; un conserje de 59 años, quien laboraba en el hospital General del Seguro Social.
Al igual que Guillén, Laura Laínez, quien perdió a su esposo, el neurocirujano, Edgardo David Rivas Molina, que falleció el 29 de junio de 2020. Ambas personas forman parte de 88 familias que perdieron a sus parientes en un lapso de cuatro meses y que se acogen al decreto Legislativo 723, el cual aún sigue sin cumplirse por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y Ministerio de Salud (Minsal)
“Es inhumano que nos dejen abandonados, ya tenemos más de un año de estar abandonados, nadie nos hacía caso siempre nos cerraban las puertas, pero ahora que venimos nos damos cuenta que desconocían la ley ni siquiera la habían leído”, lamentó Laínez.
Adrián Guillén viajó desde San Antonio Masahuat, La Paz; para acompañar a los representantes de más de 200 trabajadores de salud fallecidos en el contexto de la pandemia; y entregar una carta para solicitar que se cumpla lo estipulado en la ley.
“Ayuda psicológica no hemos tenido por parte de ellos. Nosotros pedimos lo que dice la ley en el decreto 723 y aunque sabemos que la ayuda económica no nos va a regresar a nuestros familiares, pero por lo menos nos va ayudar a paliar algunas deudas que se tomaron con base a la pérdida”, comenta Guillén.
El doliente argumenta que la familia recibió por parte del Seguro Social los beneficios de ley, como el pago de sepelio, entre otros.
Y ante el silencio de las autoridades de salud, las familias se han unido para coordinar y poder presionar para que el Gobierno cumpla con el decreto 723, aprobado por la Asamblea Legislativa y el cual otorga $30,000 a la familia doliente.
Por lo cual, el Gobierno estaría adeudando un monto de $2,640,000 a 88 familias que entran dentro del decreto.
Piden reunión con ministro
A casi un año de haberse aprobado el decreto, los familiares de 88 trabajadores de salud que fallecieron en un lapso de cuatro meses durante el periodo más álgido de la pandemia solicitan una audiencia con el titular de Salud, Francisco Alabí, para que se cumpla la compensación económica establecida en el Decreto Legislativo 723.
Ayer, por segunda ocasión, los parientes de los trabajadores de salud se apersonaron al Minsal, para entregar un listado de 88 trabajadores de salud que fallecieron en el periodo del 14 de marzo al 23 de julio de 2020, lapso que comprende la ley transitoria.
A pesar que los familiares han solicitado audiencia con el ministro de Salud, Francisco Alabí, a más de un año, aún sigue sin dar respuesta a los familiares de trabajadores de salud que ofrendaron su vida en el contexto de la pandemia.
“Hemos pedido audiencia con el ministro, pero todavía no se nos ha contestado”, manifestó Laura Laínez, coordinadora del grupo de familiares que se ha organizado para reivindicar los derechos de sus parientes.
Según comentaron los afectados, el Minsal no cuenta con una base de datos oficial sobre el personal que ha fallecido a causa de covid. El registro oficial es uno de los requisitos para obtener el beneficio y que debía elaborarse en un plazo de 15 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
“Le traemos el banco de datos que nosotros ya hicimos para que nos ayuden, pedimos becas para nuestros hijos y que la ley se amplíe a todo el personal de salud, no solo para las 88 familias, también que se proteja la vida del personal de salud que se encuentra trabajando contra el covid”, comentó Laínez.
La doliente manifestó que en total son 204 trabajadores de salud que fallecieron en el contexto de atención a la pandemia por covid.
“Nos recibió el Dr. Carlos Guerrero y él no sabía el monto, no sabía de qué se trataba y por eso mismo sabemos que no tienen ninguna base de datos”, señaló Laínez.
El decreto 723 determina qué beneficio se otorgará a familiares de profesionales y trabajadores de la red pública de salud, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que hayan fallecido a causa del virus o sus complicaciones, bajo sospechas de covid-19 y de neumonías atípicas, en el período del 14 de marzo al 23 de julio de 2020.
De acuerdo al decreto emitido el 3 de septiembre de 2020, los recursos económicos que sean necesarios para otorgar la prestación podrían obtenerse “de aportes extraordinarios que por cualquier concepto le otorgue el Estado; herencias, legados y donaciones nacionales o extranjeras en favor del Estado, donaciones de organismos internacionales, o fuentes de financiamiento de préstamos gestionados en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19”.
El 29 de julio, el titular de Salud informó que los familiares de los trabajadores de salud estaban recibiendo el beneficios; sin embargo, Laínez reiteró que el Minsal no se ha acercado a las familias dolientes.
Los afectados esperan que las autoridades de salud agilicen los trámites y den respuesta a lo solicitado por las 204 familias que perdieron a un pariente que trabajaba tanto el sector de salud público y privado.
“Pedimos que se extienda este decreto a todo el personal de salud que murió en la pandemia y que sigue muriendo”, indicó Laínez.
Los familiares exigen a los titulares de salud que den apoyo a las viudas, huérfanos, padres de los fallecidos que son personas que se han quedado sin el pilar de la familia. Además de exhortar a los parientes de empleados de salud para que les den apoyo y se reivindiquen los derechos de las familias y el nombre de los trabajadores de salud que ofrendaron su vida al dar atención sanitaria a los salvadoreños en el contexto de la pandemia.