La primera amenaza a la comunidad beneficiaria del Estatus de Protección Temporal, TPS; que para inicios de 2017 contaba con más de 200 mil salvadoreños en esa nómina de trabajadores, se vio con la llegada de Donald Trump al Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las primeras acciones del mandatario estadounidense para hacerse ver ante sus radicales bases donde el tema migratorio fue una de sus banderas de campaña electoral por lo que acciones por ese flanco se esperaban, sin duda.
En principio, los misiles apuntaban a los inmigrantes indocumentados, con el vaticinio de redadas masivas, pero el foco se desvió y las primeras luces se vieron cuando a pocos meses de su mandato Donald Trump cortó de tajo uno de los programas autorizados por la administración de su antecesor Barack Obama para poner en “cierta legalidad” a más de medio millón de jóvenes llegados en la infancia a Estados Unidos, el Programa de Acción Diferida, DACA.
Ahí comenzó un periplo de súplicas y los más de 200 mil connacionales que lograron estabilidad al obtener el estatus legal luego de los terremotos de enero y febrero de 2001, cuando la administración del presidente George W. Bush, en buenos términos con El Salvador aceptó la oportuna petición del entonces ejecutivo salvadoreño liderado por el expresidente Francisco Flores, 1999 – 2004, de otorgar un alivio migratorio a sus migrantes en la potencia del norte.
Pero el primer asomo de lo que se venía para los salvadoreños llegó el 18 de septiembre de 2018, cuando la entonces secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia federal que brega con el tema migratorio, anunció la cancelación del TPS para unos cuantos miles de inmigrantes de Sudán, que estaban protegidos por alguna de las calamidades del lejano país africano.
El 6 de noviembre de 2017, le llegaba la mala noticia a Nicaragua, se argumentó que era una acción de Trump para castigar el déspota comandante Daniel Ortega y su manoseo de la institucionalidad democrática del vecino país, Honduras quedaba con las barbas en remojo con poco peligro porque el ejecutivo del vecino país estaba en la línea de las exigencias de Estados Unidos en los temas principales de la agenda doméstica hacia la región.
Los haitianos que vieron su país pulverizado por un mega terremoto en 2010 y que representaban el tercer país con mayor número de beneficiarios del TPS, solo después de El Salvador y Honduras, quedaron también finiquitados el 20 de noviembre de ese año.
El Salvador era el siguiente en la lista, y luego de las celebraciones navideñas y a solo 8 días del recibimiento de 2018, le llegó la ya esperada noticia, de la cancelación del TPS para los cerca de 200 mil compatriotas amparados al estatus legal, a Honduras no le duró mucho la espera, el 5 de mayo de ese año, por la inercia de los otros países la sentencia ya estaba anunciada.
Pero los cálculos de la administración Trump se tomaron con una barrera, la independencia del Poder Judicial que se prestó a examinar de manera exhaustiva cada acción del mandatario, y a revisar la legalidad de las acciones. Al final de su primer mandato de cuatro años, Trump no ha podido expulsar del país ni a un tan solo inmigrante protegido por el TPS o DACA.
Los procesos judiciales no responden a la animosidad ni al temperamento del mandatario estadounidense, por ahora la llegada de una sentencia que se esperaba desde hace más de un año, con el emblemático caso donde una jovencita hija de padres salvadoreños beneficiarios del TPS pide al sistema judicial frenar al presidente Donald Trump en los intentos de desbaratar a su familia.
La querella va uno a uno, un juez federal frenó al mandatario en octubre de 2018, otros tres creen que el primero no tuvo la razón con la sentencia de este lunes, en otras jurisdicciones del país las demandas están admitidas; por ahora los abogados del caso Ramos Vs. Nielsen se preparan para apelar la revisión de la sentencia, mientras otros ruegan y trabajan para que el tiempo de Trump también llegue a su final y ver nuevas luces en el horizonte.