El diagnóstico de la unidad de inteligencia del semanario británico The Economist para la democracia de El Salvador es profundamente desalentador.
“Ningún otro país de Latinoamérica giró tanto al autoritarismo en 2020 como El Salvador”, señala la revista en su índice anual de Democracia Global.
De hecho, la subsección de El Salvador del reporte en cuestión se ha titulado “Autoritarismo en El Salvador: ¿un dictador en proceso?”, y da cuenta de la senda alejada de la democracia que el país está transitando.
En su medición, El Salvador dejó de ser catalogado como un país con una democracia con fallas y se convirtió en uno con un “régimen híbrido”. Esto implica una mezcla de instituciones democráticas con prácticas propias del autoritarismo.
En estos regímenes, suele haber irregularidades en elecciones, presión y acoso del gobierno en los partidos de oposición, una amplia corrupción y debilidad institucional. Asimismo, se debilita la sociedad civil, hay un ataque sistemático a los medios de comunicación y se golpea la independencia judicial.
A juicio de observadores dentro y fuera del país, el gobierno de El Salvador cumple con varias de las características propias de los regímenes híbridos que describe The Economist. Entre ellas, el sistemático ataque a la prensa independiente, los golpes a la oposición y el discurso de odio que está desbordándose hacia la violencia física, una negativa a rendir cuentas y una instrumentalización de los cuerpos de seguridad para blindar a funcionarios o personajes cercanos al gobierno.
En el índice del semanario, El Salvador tiene un buen resultado en lo que respecta a elecciones y pluralismo político. Sin embargo, la cultura política es una de las áreas donde más flaquea. Le sigue el funcionamiento del gobierno, que se alimenta de los fuertes indicios de corrupción en la gestión actual. La participación política y las libertades civiles también son áreas débiles del país.
Debajo de esta categoría de régimen híbrido ya solo se encuentra el autoritarismo, donde se consolida la ausencia del pluralismo político. Muchos de estos países son dictaduras.
De los 24 países de Latinoamérica y el Caribe, El Salvador está en la posición 17 y se rodea de otros países con regímenes híbridos como Honduras, Bolivia, Haití y Guatemala. Debajo de estos, solo están Nicaragua, Cuba y Venezuela como Estados autoritarios.
9F
La toma armada del Palacio Legislativo el 9 de febrero de 2020 es uno de los principales signos de retroceso democrático para el país en esta medición global de la democracia.
Ese día, el presidente Bukele comandó un pelotón militar al Salón Azul, donde sin invitación y por la fuerza llegó hasta la silla del presidente legislativo y rezó, mientras efectivos militares se aproximaron a las residencias de los diputados opositores para intimidarlos y presionarles para atender una convocatoria inconstitucional.
Pese al temor de un golpe de Estado, el mandatario salió del Congreso y dijo que Dios le había pedido paciencia. Sin embargo, cruzó una línea que nadie había cruzado incluso en el conflicto armado: militarizar el Congreso.
Esto le ganó al mandatario grandes críticas y señalamientos de poner en riesgo el orden constitucional. Para quienes aún veían indicios de renovación en su mandato, la realidad se impuso: el presidente tiene una precaria aptitud democrática. Con este antecedente, y tras su actitud de desafío a la institucionalidad, en su edición de mayo, The Economist dedicó un artículo llamando a Bukele “el primer dictador millennial”.
Consolidación del poder
Uno de los puntos principales en los que el semanario británico ve una peligrosa senda hacia el autoritarismo en El Salvador es la excesiva concentración de poder. Además de cerrar espacios a la oposición y negarse a dialogar con la Asamblea Legislativa para encontrar, por ejemplo, medidas para abordar la pandemia del COVID-19, el gobierno de Nayib Bukele se ha tomado el Instituto de Acceso a la Información Pública y busca silenciar voces opositoras en un intento por generar una “voz oficial”.
Durante los primeros meses de la pandemia, el gobierno buscó emitir de manera unilateral decretos ejecutivos que violaban garantías fundamentales, las cuales no pueden limitarse sin concurso del Legislativo. Cuando la Sala de lo Constitucional se lo hizo ver, el mandatario abiertamente desafió estas órdenes.
Este es otro de los puntos que The Economist considera un paso al autoritarismo por el presidente Bukele: la desobediencia de órdenes judiciales.
Finalmente, la revista ve peligroso cómo la corrupción está ganando espacio en El Salvador, particularmente en las compras de emergencia para atender la pandemia. El agravante, según el semanario, es que esto no ha afectado la popularidad del presidente Bukele. De seguir así, advierten que en las elecciones, el oficialismo podría incluso enfrentar menos controles.
“Si el presidente sigue este camino, hay un riesgo real de que haya golpes permanentes a la democracia salvadoreña”, concluye.