El testigo criteriado que delató a los autores de la masacre de Opico

La Fiscalía parece necesitar cada vez más a un criminal delator para resolver los casos más complicados. Los casos con testigos criteriados han pasado de 265 en 2013 a 642 en 2017; su uso como prueba en los casos ha aumentado en un 142 % en cuatro años.

Este hecho provocó repudio dentro y fuera de El Salvador, las autoridades crearos las medidas extraordinarias de seguridad. Foto EDH/Archivo

Por Karla Arévalo / David Marroquín

Ago 06, 2018- 21:44

En El Salvador los testigos criteriados son criminales confesos; el Estado les perdona los delitos cometidos a cambio de señalar a los cómplices de sus crímenes.

Nada le garantice al Estado que el criteriado es o no un homicida o que en verdad haya sido testigo de un hecho. Algunos mienten y buscan burlar el sistema de Justicia para obtener su libertad y la de sus compañeros. Otros colaboran y, a cambio, son absueltos por sus delitos. El Estado parece darse por satisfecho al condenar a la mayoría de los criminales. El uso de testigo criteriado se lo ha facilitado, por ello de 2013 a 2017 el número de testigos criteriados ha aumentado en un 142 %. El año 2017 cerró con 642 casos con testigo criteriado.

– “No tuve nada que ver. Yo me consiento limpio ante los ojos de Dios”.

Quien habla es René Mauricio Huezo. Hoy tiene 20 años, pero el tres de marzo cuando junto a otros pandilleros decapitó y baleó a diez trabajadores de una empresa de electricidad y a un jornalero, en el cantón Agua Escondida en San Juan Opico, tenía 18. René no le dijo a la Fiscalía todo lo que sabía. No les dijo la verdad y, en una sala de juicio, frente un juez, negó a su pandilla bajo juramento; dijo que él solo era panadero; dijo que no conocía a los asesinos de la masacre y que no era él quien aparecía en un video hiriendo con un hacha el cuello de uno de los empleados.

René no contaba con que la legislación salvadoreña desde hace 20 años permite usar a un criminal como testigo para encarcelar a todo el que haya cometido un delito. Por ello, René nunca esperó que uno de los homboy de su pandilla sería el testigo que los condenaría a él y a ocho más a 330 años, de los que pasarán encerrados 75, como dispone el artículo 45 del Código Penal.

El Islámico fue el epíteto con el que la Fiscalía nombró al pandillero criteriado que la hacía de poste ese 3 de marzo de 2016; día en que los 18 habían decidido vengar el homicidio de uno de sus miembros. El Islámico estuvo a cargo de todos los movimientos alrededor de una masacre no planificada. Una masacre que detonó en consecuencias para todo reo que se hallase en los penales que luego fueron declarados en emergencia.

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Los involucrados están en prisión desde octubre 2016 y son acusados por los delitos de malversación de fondos, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

El Islámico, a cambio de su libertad, le dijo a la Fiscalía y al Juez de Instrucción todo lo que había ocurrido antes y durante la masacre: eran las siete de la noche en el cantón La Coyotera en Quezaltepeque cuando un cabecilla de la 18, Alfredo Valle alias El Cuche, planificaba con otros pandilleros más, el asesinato de un MS; el plan era no solo matar a un rival sino que la Policía creyera que eran los pandilleros de la Mara Salvatrucha quienes habían cometido el asesinato. Si el plan funcionaba como los 18 planeaban se desataría una cacería entre la Policía y la MS, como resultado de un acto de venganza. Esa noche, los 18 durmieron en La Coyotera para salir a las cuatro de la mañana hacia el territorio rival. Llevaban revólveres calibre 38, escopetas, fusiles y hachas.

En ese recorrido, los pandilleros se encontraron con dos hermanos y un jornalero. Los pusieron boca abajo y los ataron. Luego, escucharon murmullos que no venían de sus víctimas y decidieron caminaron unos metros más.

Ahí había ocho personas que cavaban agujeros para instalar postes del tendido eléctrico. También los ataron y, además, los registraron. Uno de los empleados todavía conservaba un viejo carné que delataba que había sido soldado. Los pandilleros se ensañaron con el exsoldado. Ese fue el detonante de la masacre.

El pandillero con criterio de oportunidad dijo que el exsoldado fue asesinado con arma blanca y que era René quien aparecía en un video con un pie sobre la espalda del hombre mientras lo decapitaba con un hacha. El resto de trabajadores murió baleado; diez eran empleados de una empresa subcontratada de electricidad y uno más, jornalero.

La Fiscalía usó al testigo criteriado para unir el rompecabezas de una masacre que desencadenó las medidas extraordinarias en los penales que albergan a pandilleros: los cabecillas de las dos principales pandillas fueron aislados; se suspendieron las visitas en todo el sistema penitenciario y, tras lo ocurrido, siete centros penitenciarios donde la mayoría de los reos son pandilleros, fueron declarados en emergencia. Ese año el Gobierno habló sobre un posible Estado de Excepción que militarizaría los municipios y los cantones con altos índices de violencia pandilleril. Antes de que El Islámico hablase de lo que ocurrió el día de la masacre y sobre los asesinos, había 82 capturados y demasiadas preguntas.

Las primeras investigaciones sí cumplían con el plan de la 18 de que los MS fueran señalados como culpables por esa masacre. Posiblemente El Islámico no sería hoy un soplón si el cabecilla, alias El Cuche, no hubiese muerto en un enfrentamiento con la Policía un mes después de la masacre; tal vez no habría tenido necesidad de delatar a su pandilla si la Policía nunca hubiese encontrado un video en el teléfono de El Cuche donde aparecían sus compañeros 18 masacrando a los trabajadores. Luego de estos hallazgos, las investigaciones tomaron otro rumbo. La Policía debió liberar a la mayor parte de los sospechosos y debió iniciar una nueva línea de investigación con la colaboración del testigo criteriado El Islámico: un pandillero de la 18 perteneciente a la clica Vatos Locos Primavera que opera en Apopa y Quezaltepeque.

¿Qué motivó a El Islámico a delatar a su pandilla y colaborar con la Fiscalía? Los beneficios ofrecidos. No hay testigo con criterio de oportunidad que no reciba algo a cambio por la información que conoce y que está dispuesto a dar a las autoridades. Un Juez Especializado de Sentencia explicó en una entrevista a El Diario de Hoy que esos beneficios se dan mediante acuerdos exclusivos entre la Fiscalía y los criminales. La Fiscalía propone al pandillero o al criminal común no perseguirlo penalmente por sus crímenes o graduarle la participación en el delito para que la condena no sea extensa. “Pero, la mayoría de veces lo que se le propone es la extinción de todos los delitos y eso puede ser un error para el Estado. Nosotros (los jueces) no podemos decirle al fiscal que cambie el acuerdo. Es un acuerdo entre ellos. Lo que puede sugerir el juez es que el fulano (criminal) debe tener otra responsabilidad y eso fue lo sugerido en el caso de la masacre de Quezaltepeque (Opico)”.

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Roberto Arévalo, juez sexto de instrucción aseguró que hay versiones ilógicas en las declaraciones de testigos sobre lo ocurrido el día de la desaparición de Carla Ayala.

El juez considera que El Islámico no debió ser absuelto de toda responsabilidad en el caso de dicha masacre. Esto a pesar de que la Fiscalía respaldó con pruebas técnico científicas el testimonio del testigo. “Debieron haber graduado. Primero porque tuvieron que sobreseer a una persona porque el testigo se había equivocado en su testimonio. Segundo, porque al testigo cuando iba a declarar le preguntan: ‘¿Y usted perteneció a la pandilla?’. ‘No, yo no pertenezco a la pandilla’. ¿Cómo es que el testigo estaba diciendo que iban a matar a los de la MS y luego llega a afirmar que no es pandillero? Lo que quería era exonerarse de entrada”.

Él considera que hay pandilleros que prefieren colaborar con la Fiscalía porque la ventaja para ellos es que pueden ser absueltos de toda responsabilidad penal por sus acciones. “La naturaleza de la pandilla es aprovecharse de las circunstancias. Cuando le ofrecen a un testigo de estos, ‘te voy a quitar todo lo que has hecho’, ah, él encantado. Entonces se aprovecha y empieza a hablar”.

Esto fue reafirmado por un Juez Especializado de Instrucción quien explicó a El Diario de Hoy que los testigos criteriados tienen varias razones por las que colaboran con las investigaciones: “De entrada todos mienten. Todos tienen una estrategia y casi ninguno se ha arrepentido de sus delitos, por lo que esa oportunidad está sujeta a los beneficios que recibe. Pero, hay otros testigos criteriados que delatan a la pandilla por venganza. Posiblemente a algunos de ellos los obligaron a asesinar a sus novias o les mataron a algún familiar y luego que pasan los hechos ven la oportunidad de vengarse”.

La Fiscalía logró condenar a nueve pandilleros del Barrio 18 por la masacre en Opico. Esta condena fue posible debido al testimonio de El Islámico y a las pruebas presentadas por la Fiscalía. Desde 2013 hasta 2016, el 68 % de los casos con testigos protegidos lograron condenas y solo en 2017 el resultado fue contrario. El 54 % de los casos fueron desestimados y los acusados, liberados.

Cuando una mentira libera a los acusados

No todos los casos logran resolverse con testigos criteriados. En ocasiones, esos testigos se convierten en un arma de doble filo y los casos terminan por caerse en las últimas etapas del proceso. Esto ocurrió con José Alfonso López, un pandillero con criterio de oportunidad que en los últimos minutos no quiso declarar ante un Juez de Sentencia todo lo que había confesado a la Fiscalía en varias ocasiones.

Alfonso conoció en 2012 a dos estudiantes de enfermería que desaparecieron dos meses antes de su graduación. Noemí tenía 20 años y Verónica 21. No fue sino hasta el año siguiente que sus cuerpos fueron hallados en tres bolsas negras sobre un puente entre Ciudad Delgado y Soyapango.

Verónica había sido pareja de un cabecilla de la Mara Salvatrucha en Ilopango donde vivió con él unos meses hasta que la relación acabó; como no quería regresar a su casa buscó refugio en casa de su amiga Noemí y a los quince días desaparecieron ambas.

El testigo criteriado era muy cercano al exnovio de Verónica; él le dijo a la Fiscalía que fue precisamente el exnovio y cabecilla de la MS quien había dado la orden de asesinarlas. Ante esto, la Fiscalía le ofreció a Alfonso el criterio de oportunidad a cambio de que este confesara ante un juez todo lo que sabía. Alfonso aceptó.

Entre las pruebas que la Fiscalía llevaba ante el juez solicitaba que se admitiera el testimonio de Alfonso como prueba en el caso. En ocasiones, los jueces toman en cuenta que el sujeto al que la Fiscalía busca criteriar, haya pertenecido a una estructura delictiva como la pandilla. Tal como lo expone un juez de Instrucción: “No me parece válido un testigo que no haya estado en la pandilla. No es seguro presentarlo como prueba solo porque vio lo que pasó. Tampoco es válido decir que porque a veces colabora, sabe. No, si no pertenece a la estructura, si no fue ‘brincado’ se corre el riesgo de que mienta o de que no sepa absolutamente nada”.

Alfonso era brincado y mintió el día del juicio. Los pandilleros señalados como los asesinos de Verónica y Noemí fueron liberados luego de que Alfonso se negara a reafirmar ante un juez que los conocía y que eran ellos los responsables de los feminicidios. El caso se vino abajo y Alfonso fue arrestado en la sala de audiencia por falso testimonio y por negarse a declarar. El testigo criteriado dijo que había dos razones por las que no pudo hablar en el juicio: porque su madre aún vivía en la zona donde ocurrieron los hechos y porque no se acordaba de ningún detalle de los feminicidios.

Un fiscal quien pidió reserva de su identidad dijo que es casi imposible que el testigo criteriado haya olvidado todo. “La mente criminal funciona a tal punto que uno queda asombrado por la cantidad de detalles que recuerdan.

Es casi imposible que olviden lo que han hecho. Yo tuve un caso en el que el testigo recordaba hasta el color de la soga con la que asesinaron a la víctima”.

Los feminicidios de Verónica y su amiga quedaron impunes; los cuatro pandilleros fueron liberados y el testigo criteriado fue condenado a 5 años de prisión por falso testimonio.

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