A partir de este lunes 27 de septiembre a las 8 de la mañana llegaron a los diferentes tribunales los nuevos jueces que fueron juramentados por la Corte Suprema de Justicia el domingo en medio de una polémica por la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, que cesó a más de 200 jueces y magistrados mayores de 60 años de edad, y con 30 de servicio.
Pese a que el decreto de retiro forzado de jueces ha sido considerado inconstitucional por diversos sectores y fue suspendido por un tribunal superior de San Miguel, la Corte Suprema juramentó a los nuevos jueces y magistrados.
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“Hay mucha indignación y a la vez temor, el viernes fue muy triste por las despedidas de los compañeros que abarcó el Decreto, les exigieron que entregarán el teléfono celular, las llaves y el carro que tenían asignado por parte del Corte”, dice un juez de un tribunal del departamento de San Miguel.
Otros detallaron que fueron obligados a ceder, decidieron aceptar las presiones porque en las actuales condiciones en que se encuentra el país, no se les puede garantizar un debido y transparente proceso cuando es el poder Ejecutivo que maneja y ordena al Judicial, y Legislativo.
Algunos de los colaboradores jurídicos de los tribunales manifestaron que parte de esos jueces despedidos son los que creyeron y apoyaron el nuevo proyecto político de Nuevas Ideas, ahora lamentan que las acciones del Gobierno les está vulnerando sus derechos humanos.
Por otro lado, esta mañana, en el Centro Judicial de Ahuachapán no se reportan cambios de jueces, de acuerdo a fuentes que pidieron reserva. El movimiento es normal, fiscales y defensores entrando a las diferentes diligencias.
La Cámara de Familia Sección Oriente ordenó a la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa y el Presidente de la República que se abstengan de ejecutar el decreto de retiro y vulnerar los derechos de los jueces y magistrados, incluso no trasladar a nadie hasta emitir una sentencia definitiva.
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Sin embargo, la Corte procedió al relevo masivo y de inmediato trasladó al juez Antonio Durán, del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y quien ha dirigido la protestas, a un juzgado de Zacatecoluca.
Abogados como Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, señalaron el riesgo que corren los ciudadanos con esta medida. “¿Sabe qué pasó hoy? Si usted protesta por cualquier medida que tome el gobierno, la fiscalía de Bukele lo puede acusar injustamente de cualquier delito (difamación, sedición) ante los jueces de Bukele”, dijo.
La abogada Sulen Ayala señaló en Twitter que son “jueces a la medida”.