Hasta $152,000 podría cancelar una persona o una institución si maneja y publica datos personales sin el consentimiento del titular de los mismos, ya que esto es considerado una infracción muy grave dentro de la nueva Ley de Protección de Datos Personales que se prevé sea aprobada este jueves en la Asamblea.
El artículo 68 de la normativa explica que son infracciones muy graves el “tratar datos personales sin consentimiento del titular; no resolver dentro del plazo establecido las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición sobre el tratamiento de los datos personales; obtener de forma fraudulenta, arbitraria o a través de medios engañosos datos personales; tratar datos personales de niñas, niños y adolescentes sin el consentimiento de sus padres o representantes, de conformidad con las leyes vigentes o tratados”.
También el tratar datos personales de adultos mayores declarados incapaces sin el consentimiento de su representante; realizar transferencia internacional de datos personales sin consentimiento; comercializar datos personales a cualquier título mientras estos no hayan sido anonimizados y seudonimizados; revertir la seudonimización de los datos personales con el fin de identificar nuevamente a los titulares; tratar datos personales a pesar de la revocación del consentimiento otorgado por el titular; no hacer efectiva la revocación del consentimiento ante la solicitud del titular; e incumplir los plazos establecidos dentro de la ley en mención.
De acuerdo a las definiciones de los términos que contempla la ley, la “Seudonimización” es el procedimiento de tratamiento de datos personales de manera que no puedan asociarse con el titular de los mismos sin utilizar información adicional en poder del responsable de la base de datos o repositorio, siempre y cuando dicha información adicional se encuentre separada, oculta, clasificada y resguardada bajo medidas tecnológicas que garanticen que tales datos no pueden ser atribuidos al titular.
La diputada de ARENA, Margarita Escobar, explicó que con la aprobación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales El Salvador allana el camino hacia una era tecnológica que lo coloca en niveles de desarrollo de otros países de la región.
“Es una gran noticia para el país, El Salvador era el único país que no tenía una ley de Protección de Datos Personales de sus ciudadanos. Con esta ley nos ponemos en la vanguardia, esta ley ha contado con la participación del sector público y privado y tiene el mejor conocimiento de la sociedad en su conjunto”, explicó Escobar.
Añadió que con esta ley se otorga a los salvadoreños por ley el derecho que les asiste en lo que respecta a sus datos personales y que la publicación de éstos sin su consentimiento será penado.
En el apartado de las sanciones la normativa establece una clasificación que va desde infracciones leves, graves y muy graves y se determina de acuerdo al tipo de la falta cometida y deberá seguir los procesos de conformidad con los trámites previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos. El proceso sancionatorio puede ser de oficio, a instancia de parte o por denuncia de particulares.
Para determinar la multa se tomará en cuenta el tamaño de la empresa, el impacto en los derechos de los titulares de los datos personales; la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.
Así como el grado de intencionalidad del infractor, y el grado de participación en la acción u omisión en la vulneración de los derechos establecidos en la ley; la condición del afectado y su grado de vulnerabilidad; y la reincidencia o incumplimiento reiterado, dentro del plazo de dos años contados a partir de la última sanción impuesta.
Según Escobar la nueva ley viene a complementar la ruta digital emprendida por El Salvador desde la aprobación de la firma electrónica y la ley de comercio electrónico. Para velar porque estas normativas se cumplan la comisión de Economía también creó la Autoridad Nacional Digital.
“La Autoridad Nacional Digital podrá contar con gerencias específicas para cada cuerpo de ley, a fin de evitar de poner demasiados candados a una institucionalidad que no se sabe cómo se desarrollará en el futuro, pero que hay que poner un orden desde ya”, aseveró Escobar.