Además de los golpes a la democracia y de la consolidación del poder en torno a una sola persona, la directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), manifestó que “es muy preocupante que el gobierno se empecine en encontrar mecanismos para intimidar el trabajo de la prensa independiente”.
Tamara Taraciuk observa un claro deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en El Salvador e identifica numerosas medidas que están dificultando a la población tener acceso a información de fuentes independientes que contraste la narrativa oficial.
Todo esto revela que “es evidente que (al presidente) no le gusta escuchar opiniones críticas”, añade.
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Amplio menú de restricciones
Tamara Taraciuk explica que “el menú de los líderes autoritarios para limitar la libertad de prensa es amplísimo”, por lo que las amenazas no siempre se manifiestan de la misma manera.
A su juicio, no ver periodistas detenidos —una métrica que ha utilizado el presidente Nayib Bukele para justificar que se respeta al periodismo en el país— no equivale a decir que hay un ambiente favorable para la prensa independiente, cuando al mismo tiempo hay acciones legales, administrativas y políticas que socavan el derecho a informar y obtener información.
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“Tampoco es un mensaje muy propicio para la libertad de expresión y prensa hostigar a los medios independientes, la intolerancia a la crítica y la adopción de estas normas que prevén instrumentos legales que pueden intimidar a la prensa”, señala.
Medidas impulsadas por el oficialismo
Entre estas medidas a las que hace referencia, está la Ley de Delitos Informáticos, que contempla penas para los periodistas que den a conocer información obtenida por plataformas virtuales y que se considere secreta. Estos parámetros, según abogados salvadoreños, quedaron vagos y sujetos a interpretaciones antojadizas.
“Se está construyendo el andamiaje para perseguir más a los periodistas”, dice relator de la APES
Asimismo, destaca como peligrosas las reformas al Código Procesal Penal que permiten la creación de agentes encubiertos digitales. “Esto abre la puerta a un uso abusivo de las facultades estatales para intimidar el trabajo de la prensa independiente y la sociedad civil”, explica Taraciuk.
Finalmente, ve con suma preocupación que más allá de medidas legales, haya indicios de espionaje a periodistas y miembros de la sociedad civil, además de acoso de parte de funcionarios públicos a quienes hacen preguntas o critican las acciones del oficialismo.