El 1 de julio del presente año, después de meses de alta expectativa, se conoció por fin el listado preparado por el gobierno de Estados Unidos que contiene el grupo de personajes vinculados a corrupción y golpes a la democracia en el Triángulo Norte de Centroamérica: la famosa Lista Engel.
En el caso de El Salvador, el Departamento de Estado de Estados Unidos remitió al Congreso de ese país un primer grupo de 14 salvadoreños. De estos nombres que Estados Unidos reveló en esa ocasión, la mitad forma parte o ha estado en el círculo cercano del presidente Nayib Bukele.
De este grupo hay funcionarios actuales, como Rolando Castro, ministro de Trabajo; Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia; Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele; y Osiris Luna Meza, director de Centros Penales. Asimismo, hay exfuncionarios de gobierno como Pablo Anliker, el ampliamente cuestionado exministro de Agricultura; Rogelio Rivas, exministro de Seguridad; y también partidarios de Nuevas Ideas como Walter Araujo, uno de los más estridentes activistas del oficialismo y una de las principales figuras detrás del acoso a opositores, periodísticas y críticos del gobierno.
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A algunos de estos personajes, se les vinculó a actos de corrupción, sobornos, apropiación de fondos público y participación en redes de lavado de dinero. Estos son Anliker, Luna, Recinos y Rivas.
Sin embargo, la Lista Engel no solo contiene a personas vinculadas a malos usos de fondos públicos.
El secretario jurídico, el ministro de Trabajo y Walter Araujo están en la lista por socavar la democracia y debilitar el Estado de derecho. En el caso de Conan Castro, la inclusión en la lista es una reacción directa al golpe que el oficialismo dio al Estado de derecho y el balance de poderes el 1 de mayo, cuando se destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República sin seguir la ley y por la fuerza.
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Además de los miembros del círculo de Bukele, la Lista Engel incluyó al diputado actual Carlos Reyes, quien fue separado de ARENA; al exalcalde de La Unión, Ezequiel Milla; al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman; a los empresarios Enrique Rais y Adolfo Salume; al exdirigente del FMLN, José Luis Merino; y al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. A estos funcionarios se les retiró su visa estadounidense.
Segunda lista
Después del golpe del 1 de mayo, la relación entre El Salvador y Estados Unidos se tensó mucho más. Este atentado a la democracia y la Constitución ameritó duros pronunciamientos de funcionarios de la talla del secretario de Estado, Antony Blinken, y la misma vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.
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Y el gobierno de Estados Unidos no se quedó ahí. El 20 de septiembre, decidió ampliar la lista y agregó a esta designación a los cinco abogados que el oficialismo impuso en la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo.
Además de ocupar ilegalmente los cargos en esta Sala desde el golpe del 1 de mayo, Óscar López Jerez, Elsy Dueñas, José Ángel Pérez Chacón, Nahúm Martínez y Luis Javier Suárez Magaña fueron agregados a la lista de corruptos y antidemocráticos por emitir el 3 de septiembre una resolución contraria a la Constitución que avala la reelección presidencial, pese a que la Constitución lo prohíbe expresamente.
Magnitsky Global
Además de los funcionarios antes mencionados, el gobierno de Estados Unidos hizo una tercera designación a inicios de diciembre. En esta ocasión, designó al director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; al director de Centros Penales, Osiris Luna; y a la madre de este, Alma Yanira Meza bajo su ley Magnitsky Global, lo cual les impide entrada a Estados Unidos, congela sus bienes ahí y prohíbe a estadounidenses a hacer negocios con ellos o sus empresas.
A los primeros dos, los designó por presuntamente liderar las negociaciones del gobierno con las pandillas. Y a Alma Yanira Meza, la sancionaron por supuestamente participar de una red de corrupción que involucra la venta de paquetes de ayuda alimentaria del gobierno.
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Asimismo, designó a la jefa de gabinete de Bukele, quien también es parte de la Lista Engel, por presuntamente liderar un esquema de corrupción en varios ministerios, lo que incluyó, según la acusación de Estados Unidos, el aprovechamiento de paquetes de ayuda pagados con los impuestos para hacer campaña para Nuevas Ideas.
Hasta el momento, van más de 20 designados por Estados Unidos este año. Como era de esperarse, estas sanciones de Washington provocaron aún más tensiones con el oficialismo salvadoreño.