El sábado 1 de mayo de 2021 marcó un antes y un después en la incipiente democracia de El Salvador por el golpe a la independencia judicial propinado por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista.
Ese día tomó posesión la Asamblea Legislativa de mayoría de Nuevas Ideas y aliados como GANA, PCN y PDC, quienes juntos forman un bloque con mayoría absoluta, y la usaron para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, cuyos miembros habían emitido resoluciones durante la pandemia de covid-19 en 2020 que no fueron del agrado del gobierno del presidente Nayib Bukele porque ponían límites a medidas tomadas en ese contexto que según los magistrados eran violatorios de la Constitución.
La bancada del presidente Bukele también destituyó sin derecho a defensa al Fiscal general, Raúl Melara, quien había anunciado que su oficina había abierto investigaciones por los gastos durante la pandemia y las supuestas negociaciones del actual gobierno con las pandillas.
En su lugar, los diputados de Nuevas Ideas impusieron a funcionarios afines al Gobierno, un hecho que atenta contra la separación de poderes y el Estado de derecho, como denunciaron gobiernos como el de Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), como asociaciones que velan por la institucionalidad dentro del país.
El nivel de condena internacional por la imposición de magistrados alineados con el oficialismo fue alto. De hecho, la misma vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se pronunció un día después del golpe al judicial.
“Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”, fue el mensaje de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para El Salvador.
Pero las condenas no solo se quedaron en palabras. Una semana después la directora de la Agencia Internacional de Cooperación de Estados Unidos (USAID), Samantha Power, mostró su “profunda preocupación” por el golpe a la independencia judicial y anunció que retiraba la ayuda para la Fiscalía, la Policía y la Corte Suprema de Justicia.
En su lugar, designó los fondos a “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos”.
Segundo golpe
Pero esas destituciones eran solo el primer paso en la captura del órgano judicial por parte del Ejecutivo. Cuatro meses después, la bancada del presidente Bukele aprobó con dispensa de trámite, es decir con urgencia y sin discusión previa en ninguna comisión, reformas a la Ley de la carrera judicial, entre ellas el retiro de los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
Como producto de esta apresurada e inconsulta reforma, más de 100 jueces debieron dejar sus cargos de forma automática cuando entró en vigencia.
Uno de ellos fue Jorge Guzmán, juez de San Francisco Gotera, quien fue impedido de acceder a archivos militares relativos a la masacre de El Mozote.
Poco después de que esta reforma fue aprobada, tanto diputados de la oposición como juristas y defensores de la democracia en el país señalaron que esto supone una suerte de “tiro de gracia” o “golpe mortal” a la independencia del poder Judicial, uno de los principales pilares de una democracia y una barrera contra la persecución política y contra la impunidad.
“(Los jueces) no se van por corruptos, aunque así lo diga el presidente y lo hayan justificado los diputados. El poder no quiere límites, el poder no quiere controles, por eso ha golpeado al poder judicial de esta manera”, dijo en ese entonces el juez Tercero de sentencia de San Salvador, Antonio Durán, quien luego de sus críticas fue trasladado a otro juzgado en el interior.
Esta maniobra también fue ampliamente condenada por los estados democráticos e instituciones internacionales que velan por la institucionalidad y la transparencia, incluso decenas de politólogos denuncian la deriva autoritaria que ha emprendido el oficialismo, la cual ha ubicado a El Salvador en un régimen camino del autoritarismo, por el poder que ha acumulado el mandatario en tan poco tiempo.
“Muchas de las acciones de Nayib Bukele, creo que están llevando a ese país a una dirección mucho más autoritaria (de la) que vimos a los inicios de los años de Hugo Chávez”, dijo este diciembre Juan González, asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental.