Ocho sonsonatecos, la mayoría originarios de Santa Catarina Masahuat, están preocupados porque desde hace más de un mes están varados en San José, Costa Rica, luego que la empresa para la que laboraban cesó sus contratos como consecuencia de la emergencia del COVID-19.
A dicho país llegaron el 7 de enero de este año para laborar en la construcción de un puente en la capital costarricense; pero la empresa que los contrató, los despidió sin darles mayores explicaciones y respaldo para continuar con su estadía, contó Adrián Zetino.
Dicha situación ocurrió hace seis semana y desde entonces están, literalmente, en la calle y el poco dinero que aún tenían se les está terminando por la compra de comida.
El grupo de salvadoreños señaló que ya fueron a la Embajada de El Salvador en Costa Rica; pero que a la fecha no les han resuelto la situación y tampoco han recibido ayuda.
Otro afectado, Francisco Gutiérrez, también originario de Sonsonate, relató que fueron llevados a dicho país por un ingeniero, de quien no reveló su nombre, para la construcción de la infraestructura y que tras el despido, no se hace responsable de la repatriación del grupo.
El único apoyo que les ha dado es que los ubicó en una casa donde se encuentran más salvadoreños varados.
También contó que hace 15 días llegaron a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua; pero que este último país no les permitió que continuaran su recorrido vía terrestre, ya que la intención del grupo era llegar a El Salvador.
El gobierno salvadoreño tiene que garantizar el inmediato retorno de los 4,500 salvadoreños que se quedaron varados en el exterior, porque de lo contrario se les estaría violando su derecho a la nacionalidad y a ingresar a su propio país. Estos compatriotas no lograron entrar a El Salvador porque el presidente Nayib Bukele ordenó el cierre del aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y de las fronteras como medida preventiva ante la pandemia del COVID-19.
Lo anterior fue planteado por las máximas autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Human Rights Watch y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); que participaron en el foro “salvadoreños varados en el exterior en el contexto del COVID-19” que se transmitió a través de un foro virtual en mayo de este año.
El presidente de la CIDH, Joel Hernández sostuvo que el gobierno salvadoreño tiene que facilitar el retorno de los compatriotas varados, pero que además tiene que implementar medidas urgentes a fin de garantizarles la salud y lo económico.
“Los nacionales salvadoreños que se encuentran fuera de su patria están bajo la tutela del Estado salvadoreño y también frente a ellos deben de actuar con debida diligencia para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal. Es evidente que por su situación de varados están en una situación de riesgo y que la manera más segura de salvaguardar su salud y su integridad es la de escoger de estar de regreso a su patria y ahí hay una obligación del Estado”, dijo Hernández.