Una decena de organizaciones de la sociedad civil pidió al Fiscal General, Raúl Melara, que “promueva las acciones legales respectivas” ante los abusos de poder, violación de derechos humanos y desobediencia a resoluciones de la Sala de lo Constitucional de parte del gobierno de Nayib Bukele.
El llamado de la coalición cívica se produce en momentos en que Bukele ha obligado a las aerolíneas a exigir la prueba de COVID- 19 a los salvadoreños y extranjeros residentes en el país, no obstante que la Sala le dijo que “dejaba sin efecto” cualquier medida que signifique bloquear el regreso de este segmento de viajeros.
En un comunicado, las organizaciones llaman a Bukele que respete la Constitución y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, así como a adoptar medidas sanitarias para la población “en estricto apego” a la Carta Magna, bajo criterios científicos y sin vulnerar derechos fundamentales.
Además instan a la Sala a informar al Fiscal sobre las desobediencias en que incurran los personeros del gobierno.
El artículo 5 de la Constitución dice que “no se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República…”.
Pero “el presidente ha insistido en continuar con la exigencia (de la prueba de covid), bajo la amenaza de cerrar el aeropuerto e imponer multas a las aerolíneas, en otro ejemplo de clara desobediencia a las resoluciones judiciales”, señalan.
De hecho, al reabrir esta mañana el aeropuerto internacional, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, reiteró que “Esta semana Nayib Bukele giró instrucciones para que todas a las aerolíneas exijan a sus pasajeros la prueba PCR negativa de COVID-19”.
Según Anliker, “esta medida no le prohíbe la entrada a nadie al país”, pero luego la defiende diciendo que “solo es un requisito que suma a las acciones de prevención” del gobierno.
Las organizaciones también se pronunciaron por la decisión del gobierno de imponer un “cerco sanitario” en Corinto, Morazán, que veda el ingreso y salida del municipio, lo cual suspende la libre circulación y esto es contrario a lo que dicta la Constitución.
Sólo en un régimen de excepción se pueden suspender derechos, pero esto sólo puede aprobarlo la Asamblea Legislativa, no el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de Bukele.
El pronunciamiento está firmado por las organizaciones Democracia, Justicia y Transparencia, Acción Ciudadana, Funde, Fusades, Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional, Transparencia Internacional Capítulo El Salvador, Asociación Nacional de la Empresa Privada y Centro de Estudios Jurídicos.
El exmagistrado constitucionalista René Hernández Valiente advirtió que Bukele y los funcionarios que impidan el regreso de los salvadoreños incurrirán en los delitos de desobediencia, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y coacción por forzar a las aerolíneas a exigir la prueba.
Desobediencia por no atender una orden judicial del máximo tribunal; actos arbitrarios por imponer multas que no están establecidas en la ley; incumplimiento de deberes, porque el ministerio de Salud debería aplicarles las pruebas a los salvadoreños y extranjeros residentes que lleguen, y coacción, por forzar a las aerolíneas y, aunque ellas exijan el requisito en otro país, estarían violando la Constitución y la legislación salvadoreñas.
El gobierno responsabiliza a las aerolíneas, pero las están forzando, “coaccionando”, a que cumplan ese mandato que es inconstitucional, lo que también configura el delito de actos arbitrarios y se origina en El Salvador, enfatizó Hernández Valiente.