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La Sociedad Interamericana de Prensa condena el espionaje a periodistas salvadoreños y pide a gobierno de Bukele investigue los hechos

El organismo internacional se pronunció ante una investigación de expertos en ciberseguridad que confirma que 31 teléfonos de periodistas fueron intervenidos mediante el software espía Pegasus.

Por Liseth Alas | Ene 14, 2022- 18:24

Periodistas durante una de sus coberturas. Foto: EDH Archivo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes el espionaje del que han sido objeto 31 periodistas salvadoreños al señalar que dicha acción viola la privacidad de los comunicadores y la de sus fuentes informativas, por lo que exigió al gobierno de Nayib Bukele que investigue los hechos para dar con el paradero y se castigue a quienes estén implicados en los casos.

A través de un comunicado, el organismo internacional sentó postura sobre los hallazgos revelados el pasado 12 de enero por el laboratorio Citizen especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, de Canadá,  que confirman que los aparatos telefónicos de los periodistas estaban infectados con el software malicioso desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), 31 periodistas de El Faro, GatoEncerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Disruptiva y profesionales freelance "han sido víctimas de esa persecución".

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, denunció que "esta es una grave violación a la libertad de prensa". "Reiteramos nuestro repudio al espionaje digital contra periodistas de varios medios del país e instamos al gobierno a investigar de forma urgente el origen de esta acción ilegal y a deslindar responsabilidades", prosiguió el también presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras.

TE PUEDE INTERESAR: APES pide a Fiscalía investigar quién está detrás de la intervención de comunicaciones de la gremial y el espionaje a periodistas

Mientras, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e información de la SIP y director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, opinó que "el uso de este programa para espiar a periodistas viola la protección de las fuentes periodísticas y constituye un grave delito que debe ser castigado de acuerdo a leyes nacionales y principios jurídicos que penalizan estas prácticas".

Jornet recordó que la Declaración de Salta, de 2018, remarca en su artículo 7 la prohibición de métodos de ciberespionaje: "Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso".

La SIP reiteró en su comunicado "que ha venido denunciado el uso del software Pegasus en El Salvador para infiltrar los móviles de periodistas y extraer contenido de esos dispositivos". Similar a lo que ocurrió en México, entre 2016 y 2017, cuando también fueron intervenidas las comunicaciones de profesionales del gremio.

El ciberespionaje contra medios y periodistas es un método utilizado por varios gobiernos de América Latina, según  informes semestrales de libertad de prensa de la SIP.

Piden atender medidas cautelares a favor de periodistas de El Faro

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) también se sumaron a las posturas que rechazan la intervención a las comunicaciones de periodistas a través del software espía Pegasus.

Las organizaciones hicieron énfasis en los 22 profesionales de El Faro que resultaron afectados, pues estos, según exponen, forman parte de los 34 miembros de ese periódico digital que cuentan con medidas cautelares a favor que otorgó hace más de un año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal" por el trabajo que desempeñan.

"En nuestra calidad de representantes de las personas beneficiaras de las medidas de protección otorgadas a las y los miembros del Periódico Digital El Faro, condenamos estos graves hechos y expresamos nuestra preocupación por la ausencia de un mejoramiento en las condiciones de seguridad y garantía de ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y porque siguen confirmándose actos graves que amenazan a quienes llevan a cabo labores periodísticas, de defensa de derechos humanos o que son críticos del actual gobierno salvadoreño", manifestaron mediante un comunicado.

Ahora, piden que el Estado salvadoreño "atienda las recomendaciones emitidas por la CIDH y adopte las medidas para preservar la integridad de las personas beneficiarias identificadas, así como para ejercer su labor periodística sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos".

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