La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de “graves implicancias para la libertad de prensa” y de “posibles represalias” en contra del ejercicio periodístico en El Salvador las reformas al Código Procesal Penal aprobadas por la Asamblea oficialista el pasado martes.
En estas modificaciones se crea la figura del agente encubierto digital con potestades amplias para invadir la intimidad de las personas e intervenir las telecomunicaciones de cualquier dispositivo electrónico u otro medio electrónico.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó su preocupación por las consecuencias y graves implicancias para la libertad de prensa y dijo que se trata de medidas de represalia oficial contra el periodismo.
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“Con el antecedente reciente de ciberespionaje en contra de más de 30 periodistas y medios salvadoreños, preocupan que estas medidas puedan ser utilizadas por el gobierno de forma arbitraria con el ánimo de vigilar y amordazar el trabajo de la prensa”, manifestó Canahuati.
Sobre todo les preocupa la violación de derechos humanos y sobre la libertad de prensa y recordaron lo que establece la Declaración de Salta: “Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo, acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso”, expresó Canahuati y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Jornet añadió que las medidas que legalizan el espionaje digital ponen en peligro al periodismo investigativo y la confidencialidad de sus fuentes, lo que irá en detrimento del derecho del público a conocer la información del gobierno y exigir la rendición de cuentas.
También aludieron al punto 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobados en 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual señala: "Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales."
Semanas atrás, pruebas forenses realizadas por laboratorios especializados en ciberseguridad detectaron que 37 teléfonos móviles de periodistas de El Faro, Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, Disruptiva, El Diario de Hoy y El Mundo, así como de representantes de cuatro organizaciones civiles, fueron interceptados con el software Pegasus, que la empresa israelí NSO Group solo vende a gobiernos.
Otra medida considerada alarmante se trata de la aprobación el 27 de enero en la Sala de lo Constitucional de una resolución que autoriza a la Fiscalía General de la República (FGR) a actuar penalmente contra posibles evasores, sin esperar agotar la vía administrativa.