Este 8 de junio el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista radial que se estaba “dando seguimiento a muchos periodistas” de El Salvador, argumentando una supuesta "apología" en las publicaciones.
Las declaraciones del funcionario han sido cuestionadas por organizaciones nacionales e internacionales, así como por el gremio periodístico, quienes han exhortado al Gobierno y sus funcionarios a respetar la libertad de prensa y a quienes ejercen la profesión.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó el hecho y argumentó que "cualquier tipo de monitoreo oficial o vigilancia es una afrenta directa a estándares de libertad de expresión y a la democracia". También, calificó de "acusaciones dictatoriales" los comentarios y advertencias hechas por Villatoro.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, declaró: "Rechazamos este tipo de acusaciones dictatoriales a las que nos tienen acostumbrados algunos funcionarios cuando los medios y periodistas informan sobre cuestiones de interés público que les incomodan".
También enfatizó que este hecho se suma a los ya reportados y analizados en el informe sobre El Salvador y la libertad de prensa que fue publicado en abril de este año.
"La libertad de expresión y de prensa (de El Salvador) experimenta el más grave deterioro de la posguerra, con un gobierno que presiona, amenaza y expresa abiertamente desprecio hacia los medios y periodistas independientes e instituciones", manifestó a través de un comunicado de prensa.
También, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "veda la censura previa, que supone el control y veto de la información antes de que esta sea difundida, y se interpreta que cualquier eventual abuso de la libertad de expresión no debe ser nunca objeto de medidas de control preventivo, sino de responsabilidades ulteriores".
También hizo hincapié en que los periodistas tienen el derecho de reservar quiénes son sus fuentes de información, así como los apuntes, archivos personales y profesionales.
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Canahuati, CEO de Grupo Opsa de Honduras y Jornet, director del periódico La Voz del Interior, llamó al gobierno salvadoreño a abandonar "cualquiera herramienta con la que se esté intentando vigilar a la prensa".
Protección a Periodistas
La SIP también recordó que el país tiene Medidas Cautelares que fueron emitidas en febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del equipo de periodistas de El Faro, las cuales aplican para todo periodista salvadoreño, por tanto "obligan al Estado de El Salvador proteger la vida e integridad de los informadores ante cualquier atentado".
Y agrega: "Implica no solo protegerlos frente a cualquier ataque o atentado, sino abstenerse de llevar a cabo cualquier acción proveniente del aparato del Estado que pudiera poner en grave riesgo su vida e integridad. También implican la obligación de abstenerse de parte del aparato del Estado y de sus funcionarios de realizar cualquier acto de intimidación, amenaza u obstrucción de la labor periodística e investigativa.".
Además, recuerda lo establecido en el artículo 6 de la Constitución de la República de El Salvador donde se establece el derecho de libertad de expresión y pensamientos, un derecho que no está sujeto a censura.
Este miércoles, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en conferencia de prensa informó que están trabajando mecanismos para dar protección a periodistas y ayudarlos a salir del país si es necesario.
Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, informó que están implementando y fortaleciendo los protocolos de seguridad y que “incluso no descartamos poder sacar a periodistas en caso identifiquemos que pueden ser personas de alto riesgo que podrían ser capturados si siguen teniendo una agenda de investigación en contra de la impunidad”.
Cárcamo comparó las acciones actuales del gobierno con los hechos ya ocurrido en países como Nicaragua, Honduras y Guatemala, donde el ataque constante a la prensa que no está alineada con su ideología son consideradas totalitarias.
“Venimos a presentar nuestro llamado de atención a la comunidad internacional. Este tipo de declaraciones (sobre seguimiento) se hace en contra de delincuentes. El trabajo periodístico es un trabajo legítimo en cualquier país democrático. No se debe confundir oposición con el trabajo periodístico”, explicó Cárcamo.
La APES cuenta con 4 denuncias específicas de periodistas que temen por su integridad personal al ser víctimas de seguimiento hasta en sus casas, con la toma de fotografías y lo peligroso es que no se sabe qué uso le darán a esa información, según reveló Serafín Valencia, relator de la Libertad de Expresión de la APES.