Al menos tres grupos sindicales se han concentrado esta mañana en los portones principales del Centro Judicial Isidro Menéndez para exigir al presidente Nayib Bukele que sancione el decreto legislativo 673 que establece la suspensión de los plazos procesales.
La medida ha paralizado esta mañana todos los servicios vinculados a la Corte Suprema de Justicia: Juzgados, Medicina Legal y los edificios de Corte, afirmó Stanley Quinteros, uno de los sindicalistas organizadores de la protesta.
Los sindicalistas no dejan pasar a ningún abogado, fiscal, jueces, empleados de juzgados ni otros usuarios como víctimas o imputados.
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Los manifestantes demandan al pleno de la Corte Suprema de Justicia todas las condiciones para evitar la propagación de COVID. “A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia les exigimos que obliguen a los jueces a que den cumplimiento al plan de retorno laboral”, reza un fragmento del comunicado que firman los sindicatos de Empleados Judiciales Salvadoreños, Sinejus, Coordinadora Sindical Salvadoreña, C.S.S y Sindicato de Empleados Judiciales de El Salvador, Sejes.
Días atrás, sindicalistas volvieron a bloquear el acceso a los juzgados por la misma razón.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desmiente la versión de los sindicatos y asegura que en sus diferentes instancias no se registran casos de COVID-19 que pongan en alto riesgo al personal.
Los sindicalistas piden que se doten de todos los insumos de bioseguridad para la protección a las dependencias de justicia, además para que se creen las condiciones necesarias en los centros judiciales y juzgados en los municipios del interior del país, en el que dispongan de los recursos elementales como lavamanos, termómetros entre otros.
Quinteros afirmó que siete empleados de juzgados han muerto y más de 70 han sido contagiados con el virus.
Según los sindicalistas, de ser sancionado el decreto legislativo 673, la Corte Suprema ya no tendrá excusas para no preparar las condiciones y el equipamiento necesario para un retorno gradual. “Además para cualificar los protocolos, debe evitarse que todo personal de clínica sean quienes tomen la temperatura a los usuarios y se habiliten las clìnicas en el centro judicial”.
Quinteros afirmó que el cierre de actividades judiciales ha comenzado en el Centro Judicial Isidro Menéndez pero de no ser oídos por las autoridades, en los próximos días la medida se extenderá a otros recintos judiciales del interior del país con los que se van aplazar audiencias, juicios, y todo trámite de abogados, fiscales, jueces, imputados y víctimas que a diario acuden a las sedes judiciales.