El Juzgado Ambiental decretó medidas cautelares en las que solicita que la PNC intervenga y elimine cualquier obstáculo que impida el traslado de los desechos sólidos de la capital hacia el sitio de disposición final, cuyo acceso ha sido obstaculizado por un sindicato afín al Ministro de Trabajo.
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Además solicita la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos, para mediar en el conflicto municipal y solicita tanto a la alcaldía de San Salvador como al sindicato Astram solucionar a la brevedad posible la problemática.
Al sindicato le ordena que suspenda toda obstaculización a las unidades de transporte de desechos sólidos de la comuna de San Salvador, y que de no acatar incurrirá en el delito de Desobediencia de Particulares.
Además, requiere al director de la PNC que preste auxilio a la municipalidad para remover los obstáculos que impidan el traslado de la basura al relleno sanitario, dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la notificación; y deberá informar al Procurador de Derechos Humanos.
El Juzgado Ambiental, también, hará una inspección de la situación de acumulación de basura en la capital.