El juzgado Segundo de Instrucción envió a juicio al ex diputado Roberto Carlos Silva Pereira, acusado de dar sobornos a 15 alcaldías para que le adjudicaran proyectos de construcción de obras comunales.
También enfrentó la audiencia preliminar por lavar $8.5 millones que según la jueza, este dinero fue ocultado en cuentas bancarias a nombre de terceras personas y en la compra de vehículos, inmuebles y un yate.
La jueza dijo que Silva Pereira usó $11,000 para financiar su campaña electoral que lo llevó como diputado suplente a la Asamblea Legislativa.
La juzgadora dijo que hay suficientes pruebas de los pactos que Silva Pereira hizo con varias alcaldías para la adjudicación de la construcción de obras a cambio de darles un porcentaje del costo del proyecto. “Unos proyectos se realizaron, otros se construyeron con materiales indebidos y otros no se realizaron”, dijo la jueza.
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Agregó que no se respetaron las normas legales como la Lacap para la adjudicación de los proyectos.
Dijo además que la defensa no aportó las pruebas suficientes para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía.
Nelson García, defensor de Silva Pereira, se limitó a decir que apelará la decisión judicial, sin dar mayores detalles.
En enero de 2020, Silva fue deportado de Estados Unidos donde permaneció desde el 2007 tras huir luego de que las autoridades salvadoreñas iniciaran el proceso en su contra por los delitos de cohecho activo o soborno y casos especiales de lavado de dinero por 14 millones de dólares.
Fue diputado suplente del Partido de Conciliación Nacional (PCN) en el periodo 2006 – 2009. Sus inicios en la política se remontan a los años 2000 cuando fue concejal de la Alcaldía de Jiquilisco y luego pagó su propia campaña para ser diputado y ocupar un curul en la Asamblea Legislativa.
Con la asesoría de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), las autoridades salvadoreñas iniciaron las pesquisas en 2005, y al poco tiempo descubrieron que Silva Pereira movía grandes cantidades de dinero.
Había establecido una empresa contratista con un capital de $11 mil, pero la misma movía $10 millones. La Fiscalía nunca llegó a determinar que el dinero que Silva Pereira presuntamente lavó fuera producto del narcotráfico, pero sí de obras ficticias y otros fraudes en complicidad con alcaldes de 14 municipios.
Después de que una comisión especial estudiara su caso, Silva Pereira fue desaforrado por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2006, pero huyó hacia Estados Unidos antes de que la Cámara Primera de lo Penal ordenara su detención.
Según la acusación, Silva Pereira utilizó empresas de fachada y prestanombres para hacer negocios con varios alcaldes del oriente del país a los que sobornó para que se le otorgaran proyectos al margen de la ley.
Proceso en Guatemala
Silva Pereira también es requerido por la justicia guatemalteca para que responda por los asesinatos de los tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su motorista la tarde del 19 de febrero de 2007, en Guatemala.
Silva Pereira fue señalado por el principal testigo que la Fiscalía guatemalteca tenía en el juicio contra varias personas por los asesinatos de los diputados salvadoreños y su motorista como uno de los autores intelectuales de esos crímenes.
El testigo, Ramiro Antonio Deléon López, conocido como “el Chapín”, aseguró en el juicio que Silva Pereira planificó la masacre junto con el desaparecido exdiputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo Medrano, apodado Manolillo, en dos reuniones que sostuvieron en un restaurante en la carretera a San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
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Castillo Medrano fue condenado a 203 años de prisión por los asesinatos de los tres diputados y el motorista, pero fue asesinado el 19 de diciembre pasado en un sector de aislamiento del centro penal “Pavón”, situada en Fraijanes, al norte de la capital guatemalteca.
Silva Pereira fue capturado en Anaheim, California, en octubre de 2007, por un equipo del FBI y de Interpol. Luego fue enviado a una prisión de Arizona. EE.UU. le negó una solicitud de asilo.
Tras ser capturado a su llegada a El Salvador, las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informaron que por ser considerado de alta peligrosidad, el exdiputado sería internado en la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz a 56 kilómetros al este de San Salvador, donde los presos permanecen en total aislamiento.