Programan para lunes audiencia inicial contra vinculados a red de lavado de dinero encabezada por Sigfrido Reyes

De acuerdo a información del Ministerio Público la estructura habría lavado al menos 6 millones de dólares.

Diez personas capturadas el jueves porque habrían delinquido junto con el exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes, fueron presentadas el sábado ante un juez. Foto EDH/ Lissette Lemus

Por Enrique Carranza- Diana Escalante

Ene 11, 2020- 14:24

Las 10 personas capturadas el jueves por presuntamente pertenecer a una red de lavado de dinero encabezada por el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, fueron acusadas esta tarde por la Fiscalía ante el Juzgado 11° de Paz de San Salvador.

La Fiscalía ha pedido detención para todos los imputados. Durante la presentación, German Arriaza, director Anticorrupción dijo que la suma del dinero obtenido por medio de los delitos de lavado de dinero, estafa y peculado son $6 millones, explicó además además de los terrenos comprados a bajo costo y al contado al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, empresa de Reyes y Larrazábal adquirió 11 lotes en Sonsonate a $80 mil, en 2013. Tres años después estos fueron vendidos al mismo precio.

En horas de la tarde se conoció que la audiencia inicial fue programada para el próximo lunes a las 8:30 en el Juzgado 11° de Paz.

Entre los sospechosos capturados y acusados este día se encuentra Susy Rodríguez, esposa de Sigfrido Reyes.

Los otros detenidos son Delmi Beatriz Vela, René Antonio Díaz, Jenny Elibeth Guadalupe y Manuel Antonio Bercian, todos empleados del Ipsfa, además de Sonia Inés Morales Rivas, Kevin Mauricio Larrazábal, y los empleados de la Corte de Cuentas Noemí Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz.

Los delitos imputados son:  lavado de dinero, peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y falsedad documental.

Por estos hechos hay una orden de captura contra el efemelenista pero no se ha efectuado porque presuntamente huyó del país, tras ser alertado de que las autoridades le seguían los pasos.

El fiscal general, Raúl Melara y el director fiscal contra la corrupción e impunidad, German Arriaza, revelaron el viernes en una conferencia de prensa que el último viaje conocido que hizo Reyes fue a Francia (vía México), el 22 de noviembre pasado.

A través de su cuenta de Twitter, Reyes denunció, la noche del jueves, que la Fiscalía se está prestando para hacer una persecución política contra él y su familia.

Al igual que a Reyes, las autoridades no han logrado capturar a su hermano, Earle Reyes Morales; a su socio en empresas de bienes raíces y exasesor en la Asamblea Legislativa, Byron Larrazábal Arévalo, y a su asistente en la misma institución, Karla Recinos Ramírez.

La estructura

 

Sociedades para lavar dinero

Las investigaciones fiscales indican que Reyes y su socio Byron Larrazábal utilizaron las empresas Terrein, Lubbex y Eko Lime “para realizar transabilidad de dinero que llegaba a estas sociedades y terminaron en beneficios de ellos”, declaró en días anteriores el director fiscal contra la corrupción e impunidad, German Arriaza.

En 2011, ambos imputados inscribieron en el Registro de Comercio la empresa Terrenos e Inversiones S. A. de C. V. (Terrein), misma que después compró cinco terrenos que eran del Ipsfa, situados en Nuevo Cuscatlán, La Libertad.

En noviembre de 2014, una publicación de La Prensa Gráfica reveló la adquisición de esas tierras, la cual se efectuó al contado, en febrero de ese año, y por un valor de $440,501.01, es decir $190,000 menos por el que los compró inicialmente el Ipsfa y a pesar de la alta plusvalía de la zona.

En su momento, representantes del Ipsfa manifestaron que todo el proceso estuvo en regla y que se hizo según los precios de mercado, aunque revelaron que se le consideró un “caso especial” y que los terrenos se pagaron al contado.

“Hemos vinculado a la investigación con personas que realizaban funciones dentro de ese Instituto (Ipsfa) a través de la gerencia general y la jefatura de compra y venta de inmuebles dado de que emiten un dictamen técnico en el que argumentan situaciones que permitían bajar el precio real de esos lotes y fueron adquiridos por esa sociedad, en la que el señor Sigfrido Reyes era socio con Byron Larrazábal, a un precio inferior, causando un perjuicio al estado de más de $105,000”, explicó Arriaza.

En 2015, una auditoría realizada por la Corte de Cuentas, en la administración de Jovel Humberto Valiente, sobre la compraventa de los terrenos al Ipsfa reveló que no hubo irregularidades, pero no era cierto. Melara aseguró que se pidió una nueva auditoría que sacó a la luz las anomalías. Arriaza agregó que en el primer examen, la encargada del mismo, solicitó los papeles de trabajo y elaboró un nuevo informe en donde es establecía que no existían irregularidades.

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) le exigió, e viernes, al fiscal Melara, que investigue a quienes han filtrado información sobre investigaciones a personas, que como Reyes, ahora son prófugos. “Los controles deben fortalecerse”, dijo el CEJ.

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