En una resolución con fecha 9 de marzo pasado, la Cámara Segunda de lo Civil Sección del Centro ordenó que el proceso civil que se le sigue al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Othon Reyes y parientes, pro presunto enriquecimiento ilícito sea archivado de manera provisional.
La decisión de la Cámara, según la resolución número 2-PCEF-19, dice que parte de un auto que se tomara a las diez horas del 15 de enero de 2021 en el que se ordenó suspender el proceso contra Reyes, la esposa Susi Melba Rodríguez y Luis Damián Reyes Rodriguez (hijo de ambos).
"Archívese provisionalmente el presente proceso de conformidad a lo manifestado en el párrafo anterior, debiendo reactivarse en el momento que la honorable Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre la continuidad del mismo", dice la resolución de la Cámara Segunda de lo Civil.
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Al exlegislador por el FMLN fue acusado junto con su esposa e hijo de presunto enriquecimiento ilícito luego de que no justificaron sus ingresos patrimoniales fue de $ 459, 714, según la investigación de Probidad. A la esposa e hijo, la Fiscalía pide que devuelvan $13,000 al Estado.
Reyes Morales y su familia están siendo procesados en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección de Centro por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que la Corte en Pleno ordenara el juicio civil basado en el informe de Probidad en el que se le investigó al exfuncionario cuando fue diputado propietario en el período del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2009.
El pasado 14 de enero, se conoció que los magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional admitieron un recurso de amparo presentado por la defensa de Reyes y como medida cautelar ordenaron la suspensión del proceso que se ventila en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección de Centro "mientras se mantengan las circunstancias que han motivado la adopción de esta medida cautelar y hasta que se emita el pronunciamiento respectivo”.
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Los magistrados suplentes valoraron el argumento de la defensa del exlegislador en que la Corte Suprema de Justicia declaró la existencia de enriquecimiento ilícito del exlegislador “sin haber expuesto los motivos por los que valoró la situación financiera de este de forma distinta a los precedentes de los casos citados en la demanda y sin haber fundamentado el cambio de criterio…”.