Han pasado siete años desde que la constructora italiana Astaldi dejó abandonadas las obras de construcción de la presa El Chaparral y casi cinco años desde que el gobierno de Mauricio Funes decidió llegar a un “arreglo directo” y pagar una multimillonaria cantidad de dinero a la empresa por una obra inconclusa, sin que se esclarezca el caso.
La investigación sobre posibles irregularidades en torno a ese “arreglo” sigue su curso en la Fiscalía General de la República (FGR), pero aún no hay resultados.
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Hasta ahora el único avance ha sido lo que dijeron geólogos en 2014 de que el suelo en el que se comenzó a construir la represa no era suficientemente sólido y los encargados de la obra lo sabían y aún así la iniciaron, según reveló la Fiscalía entonces.
Esto obligó a hacer movimientos que han encarecido la obra $64 millones más, según explicaron técnicos el año anterior.
A pesar de que los mismos supervisores de la obra advirtieron numerosas irregularidades, el gobierno de Mauricio Funes pagó $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi aun cuando dejó inconclusa la construcción de la presa, ubicada en el municipio de Carolina, departamento de San Miguel.
Claves para entender el caso El Chaparral
Los $108.5 millones que pagó la CEL en el gobierno Funes correspondían al 50% del costo de la obra, pero solo había un 29% de avance de los trabajos cuando la empresa abandonó el proyecto. La obra, que inició en 2008 y debía quedar concluida en 2013 de acuerdo con el contrato “Llave en mano”, tenía un costo original de $219 millones.
Durante los tres años (2008-2011) en los que Astaldi realizó obras en El Chaparral siempre hubo claras diferencias en relación a los porcentajes de avance en la ejecución de los trabajos, no solo con los supervisores de Euroestudios-Ingetec, sino también con la misma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que realizaba su propio seguimiento a través de su gerencia de proyectos.
En un documento en el que Astaldi reportó a CEL su avance de la obra, en mayo de 2012, indicaba que tenían un 42.65% de la obra. Sin embargo, la supervisión interna de la autónoma determinó, previo al pago de los $108.5 millones a la constructora italiana, que solo se había construido un 29% de la obra cuando el contratista italiano las abandonó aduciendo “imprevistos imprevisibles” en la zona de trabajos.
Además, el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones de septiembre de 2012, que fue presentado a la directiva de CEL dos meses después que se firmó el arreglo directo, dejó claro que solo se construyó un 29.29% de la obra.
A pesar de los informes de los técnicos de CEL, se avaló terminar el contrato y pagar a Astaldi los $108.5 millones. Funes defendió el arreglo a capa y espada y adujo en aquel momento que era preferible pagar que ir a un juicio internacional, que resultaría más caro para el Estado salvadoreño.
Según el mismo arreglo directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana el valor a julio de 2012 de la presa inconclusa era de un 38%, lo cual utilizaron como base para pagarle a la empresa $28.7 millones extra.
El arreglo directo fue firmado en julio de 2012 por Mario Pieragostini, representante de Astaldi, y el entonces titular de CEL, José Leopoldo Samour.
Reveladora auditoría de la Corte de Cuentas
Un informe preliminar de auditoría, emitido en diciembre de 2014, al cual tuvo acceso El Diario de Hoy, le hizo varios señalamientos a la ejecución del contrato.
Uno de los principales hallazgos es que no avala el pago de $108.5 millones a la Astaldi ya que, según los auditores, los mismos supervisores de la obra, tanto los de la CEL como los de dos firmas externas, advirtieron que a la hora de firmar el arreglo directo Astaldi había cumplido apenas un 29.28 % del contrato. Es decir, la millonaria suma pagada por el gobierno de Mauricio Funes a la firma italiana no equivalía al avance real de la obra, pero le pagaron a la constructora como si hubiera avanzado casi un 50% de la presa.
Los contralores públicos cuestionaron el “arreglo directo” al que llegó la CEL con Astaldi, con la venia del gobierno de Funes; también que pese a ser un contrato llave en mano (que obliga a a entregar la obra totalmente terminada) no se le cobró la garantía sobre el anticipo a la empresa; además señalaron por qué la empresa usó dinero del anticipo de El Chaparral para otros proyectos de la empresa.
Los auditores de la Corte de Cuentas plantearon en su informe del examen especial a la ejecución del contrato entre la CEL y la empresa italiana Astaldi que: “no podemos avalar lo expresado por él (funcionario de CEL) sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30 %”.
El cuestionamiento de la Corte de Cuentas coincide con lo que establece la Ley LACAP en su artículo 95, en donde claramente establece que en caso de “arreglo directo” se debe pagar solamente por la obra ejecutada.
En el examen emitido el 16 de diciembre de 2014, los técnicos de la Corte cuestionaron los términos de pago acordados en el arreglo entre CEL y Astaldi en 2012.
“Determinamos que la Junta Directiva de la CEL, para la valoración de la Obra Civil, Bienes y Servicios del Proyecto Construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral por un monto de $85.000.000.00, no contó con documentación que respaldara la determinación de dicho monto, el cual sirvió de base para la negociación del arreglo directo y liquidación del contrato No. CEL-4143 con la empresa Astaldi”, afirmaron los auditores en su informe.
Pero en el informe final de auditoría, la Corte de Cuentas dio marcha atrás a lo que plantearon sus auditores y resolvió que exfuncionarios de CEL habían subsanado todas las irregularidades detectadas en un inicio.
FGR “lo desengaveta”
Sobre el caso de la presa El Chaparral, en junio de 2016 el Fiscal General, Douglas Meléndez, anunció que reabría la investigación iniciada por su antecesor, Luis Martínez.
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Pero lamentó en esa ocasión que el proceso careció de solidez en la investigación y que a raíz de eso su administración tuvo que “reactivar” la investigación.
Adujo que prácticamente tuvieron que iniciar con el análisis de “miles y miles de papeles” que revelan los pormenores del caso.
Meléndez expresó en esa oportunidad que tras ahondar más en los documentos que están en poder de la Fiscalía desde hace tres años, el caso se encuentra en su etapa de investigación “más álgida”, por lo que a estas alturas la investigación fiscal sobre el caso El Chaparral debe tener más avances importantes.