La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, confirmó esta mañana durante una breve rueda de prensa, que los funcionarios, exfuncionarios y empresarios que fueron señalados en la Lista Engel, publicada ayer, podrían ser procesados bajo el Acta Global Magnitsky.
Ayer, luego de que se conocieran los 14 nombres de las personas señaladas, Manes ya había confirmado que una primera sanción que se aplicaría de forma inmediata era el retiro de las visas estadounidenses a los mencionados por estar vinculados con actos de corrupción, y que ya no podrán ingresar a territorio de EE.UU.
El Acta Global Magnitsky, también conocida como Ley Magnitsky, permite al presidente de EE.UU. imponer sanciones económicas a ciudadanos de cualquier país del mundo siempre y cuando hayan cometidos delitos relacionados a abusos de los derechos humanos o corrupción.
Bajo las sanciones de esta ley, la Casa Blanca puede también suspender visas (algo que la ley que arropa la Lista Engel también logra) y congelar los activos, ya sean propiedades o fondos financieros, de cualquier extranjero en territorio norteamericano.
Según afirman voceros de la red de Defensa de la Libertad de Expresión, Ifex, citados por el periódico Infobae, estas propiedades pueden ser embargadas y, además, representa "un duro golpe para aquellos que oprimen o roban a los ciudadanos en sus países de origen y luego usan su estatus o riqueza para viajar libremente".
"Si se logra comprobar que los involucrados en la lista tienen propiedades o fondos provenientes de actos ilícitos en Estados Unidos, entonces podremos tomar acciones legales", apuntó la encargada de Negocios y representante de EE.UU. en el país durante la conferencia de hoy.
Además, confirmó que el gobierno estadounidense analizará cada uno de los nombres que aparecen en la Lista Engel para luego remitirlo al sistema de justicia, y que sea esa instancia la que logre averiguar o establecer si los señalados tienen propiedades en su jurisdicción para poder aplicarles dicha ley.
Antecedentes de la Ley Magnitsky
Según recoge The Washington Post, la ley nació luego de que un denunciante y abogado de origen ruso, llamado Sergei Magnitsky, muriera tras ser detenido, golpeado, y habérsele denegado atención médica en el territorio de Rusia en 2009.
Cuando el caso de Magnitsky se conoció, su amigo William Browder se encargó de buscar la forma de que el senado estadounidense pusiera atención en este tipo de casos, por lo que en 2012 se promulgó en el Congreso, logrando que Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y del Tesoro restringieran los viajes y congelaran los activos de las personas involucradas en delitos contra los derechos humanos en Rusia.
Aunque inicialmente, la Ley Magnitsky era aplicable solo para funcionarios rusos, en 2016 fue reformada para que adquiriera el carácter global y poder así aplicarla en otros países y regiones del mundo donde se cometieran delitos de la misma índole.
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Un ejemplo cercano de la aplicación de esta ley ocurrió en 2018, cuando EE.UU. canceló las visas y los fondos de al menos tres funcionarios nicaragüenses del régimen de Daniel Ortega, y quienes fueron acusados de cometer abusos contra los derechos humanos.
En esa ocasión, de acuerdo con un reporte de Infobae, el gobierno estadounidense sancionó al jefe policial de Nicaragua, Francisco Díaz; al tesorero del Frente Sandinista, Francisco López; y al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, quienes fueron acusados de formar parte del aparato represivo de la dictadura de Ortega y por malversar miles de millones de dólares provenientes de fondos públicos.