Senado de EE. UU. no considera que El Salvador sea socio confiable para reducir corrupción y migración

En su negativa a aprobar un presupuesto especial para el Triángulo Norte, el comité de Apropiaciones del Senado sostiene que ni El Salvador, ni Guatemala, ni Honduras han demostrado un compromiso de lucha anticorrupción y de combatir las causas de la migración irregular.

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Las afrentas a la democracia y la transparencia de Nayib Bukele, así como sus pares de Honduras y Guatemala, son resaltadas por el Senado de Estados Unidos, que muestra desconfianza en los gobiernos del Triángulo Norte. Foto EDH / Archivo

Por Ricardo Avelar

2021-10-22 6:00:25

El comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos rechazó una solicitud del gobierno de Joe Biden para asignar un paquete de $861 millones para Guatemala, Honduras y El Salvador.

Esto es parte del proceso de aprobación del presupuesto de operaciones extranjeras para 2022.

A juicio de los senadores, gran parte del rechazo al apoyo de los gobiernos centrales de estos países se debe a que no hay confianza en el compromiso de abordar la corrupción, la impunidad y otras causas detrás de la migración irregular de cientos de personas hacia el país norteamericano.

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“El comité (de Apropiaciones del Senado) está preocupado por que la corrupción y la impunidad están enraizadas en El Salvador, Guatemala y Honduras”, reza parte de la respuesta que dan al gobierno de Joe Biden.

Según la Cámara Alta del Congreso estadounidense, en estos tres países hay contrapesos muy débiles a los poderes Ejecutivos. En el caso salvadoreño, el gobierno de Nayib Bukele ha debilitado instituciones que controlan su gestión y ha consolidado su control sobre el Legislativo, que ganó por la vía electoral, pero también sobre el Judicial, que capturó mediante la remoción de magistrados de la Sala de lo Constitucional el pasado 1 de mayo.

El Senado también manifiesta que “hay muy poca evidencia de que los oficiales de alto rango en estos países tienen la voluntad de actuar como socios confiables de Estados Unidos para abordar las causas de la migración irregular o defender el Estado de derecho”.

Tanto en Honduras, como en Guatemala y El Salvador ha habido intentos de socavar el sistema democrático y el balance de poderes. Además, se ha desmantelado el aparataje anticorrupción en estos países.

El Senado además manifiesta una profunda preocupación por la corrupción y la impunidad. Este tema ha sido una prioridad de la administración Biden, que ha remitido al Congreso un listado de personajes involucrados en saqueo del Estado o golpes a la democracia. A estos, además les ha cancelado su visa estadounidense por al menos tres años.

Compromiso anticorrupción

Ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos (la Cámara de Representantes y el Senado) se han comprometido con luchar contra la corrupción en Centroamérica, al punto de condicionar gran parte de la ayuda, hasta un 50%, a resultados medibles y comprobables en la lucha contra estos delitos contra el erario público.

De hecho, el comité de Apropiaciones del Senado recomienda apoyar a los fiscales generales y sus unidades anticorrupción siempre y cuando demuestren independencia del poder político y voluntad de perseguir los casos de alto nivel. Estos incluyen aquellos contra funcionarios de alto rango, diputados e individuos privados que puedan tener gran influencia con el poder.

En Guatemala y El Salvador, los fiscales generales han demostrado tener vinculación con el Ejecutivo y han entorpecido investigaciones de posible corrupción en curso antes que ascendieran a sus cargos actuales.

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En el caso salvadoreño, Rodolfo Delgado fue impuesto como fiscal general el 1 de mayo, después de una jornada en la que los diputados de mayoría oficialista removieran por la fuerza y apartados del proceso legal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el entonces fiscal Raúl Melara. Este último se encontraba investigando al menos doce casos de corrupción en el gobierno actual.

Además, el gobierno desmanteló la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) cuando esta empezó a dar resultados y remitir casos a la Fiscalía.

En Guatemala, la fiscal Consuelo Porras ha sido vinculada al gobierno y acusada de blindar a funcionarios ante acusaciones creíbles de corrupción. Esto, y haber desmantelado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), le valió haber sido incluida en la Lista Engel de personajes corruptos y antidemocráticos.

Recientemente, en una conversación con El Diario de Hoy, la ex fiscal general Thelma Aldana, ahora en el exilio por amenazas de muerte, afirmó que Porras es responsable de “la dictadura de la corrupción” en Guatemala.

“Central AmeriCorps”

El Senado recomienda que el programa AmeriCorps pueda extenderse a Centroamérica. Este programa, creado en la administración de Bill Clinton, busca generar programas para mejorar la vida de los jóvenes por medio de diferentes tipos de programas.

El comité de Apropiaciones sugiere financiar Central AmeriCorps, para mejorar la estabilidad económica y social de jóvenes, a fin de desincentivar la migración irregular hacia territorio estadounidense.

“El comité está consciente de que hay muchos factores que contribuyen a la migración, incluyendo la violencia, la necesidad económica y el sentimiento de desesperanza generado por la corrupción, la impunidad, y la creencia de qué el sistema económico está diseñado para jugar en contra de una larga porción de la gente de la región”, afirma el documento.

Por ello, buscan que este programa provea un estipendio, pero también programas de desarrollo vocacional y de generación de oportunidades a jóvenes a fin de disuadirlos de emprender el viaje hacia el país norteamericano.

Además, el Senado recomienda abrir a concurso $2.5 millones para proyectos de reforma de justicia penal en estos países.