Los ciudadanos llevan seis meses sin conocer si las entidades públicas cumplen o no con la Ley de Acceso a la Información Pública. Y es que evaluar el desempeño de las entidades públicas es una de las atribuciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) enmarcada en el artículo 58 de dicha ley.
Pero la publicación de estos informes ha sido aplazada sin razón por el IAIP, conformado en su mayoría por comisionados afines al gobierno de Nayib Bukele. El último informe de Evaluación del Desempeño fue publicado en 2020 y correspondía al desempeño de 2019.
Este informe evalúa qué tanta información oficiosa ha sido compartida por las instituciones. La información oficiosa es aquella que las instituciones están obligadas a publicar sin necesidad de que el ciudadano la solicite vía ley de Acceso a la Información Pública. Asimismo, el informe evalúa la gestión documental y de archivos. Desde que el Gobierno promovió cambios en la conformación del pleno del IAIP, el acceso a la información pública ha disminuido, aseguran organizaciones que forman parte del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
“Es preocupante el debilitamiento del IAIP. El derecho de acceso a la información pública es un derecho llave, que permite a la ciudadanía acceder a otros derechos, por lo tanto debe fortalecerse”, aseguran representantes del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Un informe listo desde noviembre
El acta número 14/2020 del 27 de noviembre de 2020 muestra cómo la reunión de comisionados del IAIP, convocados por el comisionado presidente Ricardo José Gómez, tenía como punto único la aprobación de los resultados de la Evaluación del Desempeño 2020.
El informe ya estaba listo y fue aprobado ese día. La Jefa interina de la Unidad de Evaluación del Desempeño, Andrea Tenorio, y el Jefe de la Unidad de Gestión Documental y Archivos, Oscar Campos, presentaron los resultados de la evaluación del desempeño de 158 instituciones del gobierno central: 60 alcaldías y 98 instituciones del gobierno central.
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De 60 alcaldías evaluadas, solo tres tienen un porcentaje de cumplimiento alto, entre el 60 y 89.99 %; 11, tenían entre 0 y 49.99 % de aprobación, el rango más bajo. En el caso del gobierno central, 33 entidades estaban en el rango 60 y 89 %; 21 entidades entre el 50 y 59 %; y 43 instituciones fueron calificadas con un porcentaje de cumplimiento bajo, entre el 0 y 49 %. Pero estos resultados no han sido publicados detalladamente siete meses después de esta sesión. Y las razones aún no han sido expuestas por los integrantes del pleno.
Lo último que se supo de este informe fue que la comisionada Roxana Soriano, excandidata de Nuevas Ideas, pidió tiempo para revisarlo. Seis meses después sigue sin publicarse.