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En seis meses, el Gobierno solo ha ejecutado el 12% de inversión pública

Datos del Ministerio de Hacienda reflejan que, hasta junio de 2021, el gobierno apenas lleva ese porcentaje, siendo el más bajo en inversión en los últimos 30 años, señaló Portillo Cuadra, de ARENA. Además, el Ejecutivo redujo en $115.2 millones el monto aprobado para inversión.

Por Eugenia Velásquez | Sep 26, 2021- 22:00

Entre más alto es el índice de riesgo de pago del país, más difícil es acceder a fuentes de financiamiento externa, lo cual complica las finanzas públicas. Pero el ministro de Hacienda dice que no hay riesgo de impago. Foto EDH/Archivo

Hasta junio del presente año el gobierno apenas ha podido ejecutar el 12.8% de la inversión pública prevista para 2021, una cifra que deja a la actual administración del presidente Nayib Bukele, en el puesto más bajo de eficacia que ha tenido un gobierno salvadoreño en los últimos 30 años, afirmó el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.

En los datos que ha publicado el Ministerio de Hacienda en su sitio web se detalla en el informe de seguimiento y evaluación de los resultados presupuestarios del gobierno central 2021 que, a junio del presente año y dentro de la estructura económica de gastos del gobierno, el porcentaje de ejecución de la inversión pública es del 12.8%.

“Es el año en el que menor inversión social se ha hecho en El Salvador en los últimos 25 o 30 años. Cuando eso ocurre es que los programas sociales se contraen, la economía se contrae, las capas de menor ingreso se ven menos favorecidas. Los temas sensibles de la población como el bienestar social, seguridad social, vivienda y empleo, son los cuatro rubros que se contraen más en un país y El Salvador no es la excepción”, manifestó Portillo Cuadra.

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Lo anterior cobra relevancia ante el anuncio del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, de que está por llevar en los próximos días a la Asamblea Legislativa, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022.

Señaló que están haciendo unos ajustes para responder a las necesidades de la población, pero no brindó más detalles de si habrá un incremento del monto y si será necesario recurrir a más deuda para financiarlo.

“Todavía no hemos terminado de definir el Presupuesto General de la Nación en todo lo que un presupuesto lleva, siempre hay unas líneas estratégicas que uno define, de hecho, hoy (jueves) tenemos una serie de reuniones con mi equipo para seguir analizándolo”, afirmó Zelaya. El plazo que la ley establece para entregar el proyecto a la Asamblea es el 30 de septiembre.

A groso modo dejó entrever que dedicarán un estimado del 43% del gasto nacional para los rubros de educación, salud y seguridad, casi el mismo porcentaje que se estableció en el gasto de 2021, aseveró.

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La Asamblea Legislativa aprobó el año pasado $7,453 millones para el Presupuesto General de la Nación, de los cuales, un monto de $640.4 millones se destinaron para inversión pública, sin embargo, en los datos de Hacienda se detalla que el gobierno hizo una reducción de $115.2 millones, es decir, que además de una ejecución casi nula del dinero del 12.8%, la partida fue mermada a $525.2 millones.

“La inversión es como uno de los parámetros más importantes para medir el progreso de un país, a juzgar por lo que el gobierno ha invertido, representa el país más rezagado de Centroamérica en materia de inversión social”, lamentó Portillo Cuadra.

El experto en economía, Rafael Lemus, señaló que al observar las cifras de Hacienda se denota que el gobierno le “ha pegado un gran frenazo a la inversión pública” y que ese freno puede deberse a que no tenían dinero o porque los bancos no les están desembolsando fondos o no hicieron adecuadamente la planificación de ejecución de los mismos.

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“En todo caso es un ajuste no deseado, porque al haber menos inversión, hay menos empleo, puede ser que deliberadamente el gobierno haya frenado proyectos de inversión, a raíz de que ha tenido problemas para conseguir más financiamiento, es una forma de hacer un ajuste para inversiones de manera forzada, la otra es dejar de pagar a proveedores y de esa manera, lograr más o menos salir a flote, aunque hay un ajuste no deseado”, valoró Lemus.

La poca ejecución de los fondos en inversión pública impactan en cuanto al mismo desarrollo económico que el gobierno quiere promover, un área en donde el Ejecutivo ha pronosticado en 2021 un crecimiento de cerca del 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual abonará para hacer frente al alto endeudamiento.

La diputada del FMLN, Anabel Belloso, afirma que la falta de inversión pública también afecta en la generación de empleos y apoyo en proyectos sociales que son de beneficio para la población.

Aunque la ejecución de la inversión pública no siempre alcanza el 100% al final de un ejercicio fiscal, es “cuestionable que de enero a junio solo se lleve ejecutado el 12.8% ¿qué han estado haciendo, donde se ha ido ese recurso presupuestario para inversión pública? habría que preguntar”, cuestiona Belloso.

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La economista Tatiana Marroquín, explicó que la inversión pública que refleja el actual gobierno es “anormalmente baja”. A su criterio, en 2020 se entendía que por razones de la pandemia se habían detenido muchas actividades económicas, las construcciones y la inversión, pero “en este año, en definitiva, la baja ejecución se debe a la poca eficiencia”, expuso.

Admite que el reto de los gobiernos siempre ha sido tener una buena ejecución de la inversión y lograr una eficiencia paralela en gasto corriente, pero lamenta que este año sí se nota un retraso de ejecución de inversión preocupante, a la luz de la gran cantidad de necesidades de reactivación económica que hay en el país.

Contrario a los datos negativos en la inversión pública, el gasto corriente ya refleja una ejecución “elevada” según Lemus.

Las cifras del Ministerio de Hacienda dan cuenta que, de enero a junio de 2021, se ha ejecutado el 53.8% que representan $3,104 millones del Presupuesto General de la Nación aprobado el año pasado.

Además, Hacienda modificó el rubro de gastos corrientes inyectándole $110.9 millones, pasando de $5,655.6 millones a $5,766.5 millones.

En este apartado se incluyen el pago de remuneraciones, compra de bienes y servicios, gastos financieros y otros, y transferencias.

“También es alarmante ver el gasto corriente que, sabemos que no implica en sí una inversión que fomente un mayor desarrollo económico, porque sabemos que contiene dentro de sus rubros o elementos la compra de bienes y servicios y principalmente en esto, el gobierno actual prioriza en publicidad y otros gastos que no son prioridad, es condenable dadas las condiciones actuales del país y la necesidad urgente que se invierta en rubros prioritarios que pueden ayudar a minimizar el golpe en la economía nacional y mejorar los marcadores macroeconómicos”, soslayó Belloso.

¿Dónde está el dinero?

Si los recursos no se han ido para inversión pública ¿qué ha sido de ese dinero? se preguntan los diputados y expertos consultados por El Diario de Hoy.

“Por ejemplo, en 2021 llevaban que iban a gastar más de $200 millones en computadoras, pero cuando uno ve los números, seguro éstos no han gastado más de $30 millones, es clarísimo que no han ejecutado mayor cosa”, lamentó el economista Lemus.

Al respecto, Portillo Cuadra explica que, aunque el gobierno use a la pandemia como excusa para no hacer inversión pública, el dinero aprobado por la Asamblea para atender la emergencia sanitaria versus lo que se ha gastado en compra de vacunas, implementos médicos, y remodelación de hospitales, entre otros, no corresponde con las cantidades que el gobierno ha recibido ¿la pregunta es: dónde está el dinero?”, cuestiona el diputado arenero.

Por eso, ahora con el anuncio de Zelaya del nuevo proyecto de presupuesto para 2022, los diputados y economistas señalan que debe evitarse adquirir más deuda y el aumento en gastos que no son imperativos, como el incremento financiero que este gobierno le ha dado al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); a la Fuerza Armada y a gastos en publicidad y de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial, por ejemplo.

“Dejar de incrementar de manera desmedida en presupuestos que no tienen impacto en la vida real de la gente, como en el caso de la Fuerza Armada que responde a la estrategia de militarización del gobierno y, además, que no se utilice el mecanismo para esconder bolsas de dinero sin destinos específicos, como se ha hecho en otros presupuestos presentados por el gobierno en 2020 y 2021, en el primero era en gastos financieros donde se dejaban grandes cantidades de dinero sin destino y el año pasado reflejado en el tema de consultorías”, valoró Belloso.

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