El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, certificó, a través de un escrito, que el gobierno de El Salvador coopera con el país norteamericano en la lucha para erradicar el narcotráfico y la migración masiva, esto último con "facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes".
El secretario Marco Rubio visitó El Salvador del 2 al 3 de febrero de 2025. Durante su estancia, se reunió con el presidente Nayib Bukele para discutir temas de interés bilateral.
La certificación fue emitida el 25 de marzo de 2025 y publicada el 2 de abril, luego que se han llevado a cabo vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos y salvadoreños desde EE.UU. hacia una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, lo que ha generado debates jurídicos sobre dicha medida.
La certificación también sería publicada en el Registro Federal y, junto con el Memorando de Justificación, sería reportada al Congreso.
“En virtud de la autoridad que me confiere la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, certifico que el gobierno central de El Salvador está cooperando con los Estados Unidos para contrarrestar el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas y otros delitos transnacionales; cooperando para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de migrantes”, señala el documento.
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Si bien el gobierno salvadoreño en los últimos meses lleva celebrando incautaciones de drogas a varias millas náuticas de las costas salvadoreñas, se cuestiona la versión que le fue proporcionada a Rubio por parte del gobierno central en materia de combate a la corrupción y garantía de derechos humanos.
En ese mismo rubro, el Secretario de Estado señaló que el gobierno salvadoreño se encuentra tomando acciones para asegurar las fronteras nacionales y frenar la migración masiva, incluyendo informar a sus ciudadanos sobre los peligros del viaje hacia la frontera suroeste de los Estados Unidos.
Corrupción y derechos humanos
Según Rubio, el gobierno salvadoreño se encuentra “combatiendo la corrupción y la impunidad, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales, personal militar y agentes de policía con denuncias creíbles de corrupción”.
Aunque la administración Bukele ha procesado a una alcaldesa de su partido (Nercy Montano), al expresidente de Bandesal (Pablo Durán), a un excomisionado presidencial (Christian Flores) y a un exdiputado de Nuevas Ideas (Erick García), investigaciones señalan que más funcionarios de su administración han cometido prácticas de corrupción, en especial durante la pandemia; pero siguen en la impunidad.
Asimismo, funcionarios de Bukele están en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos de Estados Unidos, conocida como Lista Engel, pero siguen ejerciendo cargos públicos.
Uno de ellos es Osiris Luna Meza, quien fue incluido en 2021 en la Lista Engel por haber incurrido "en importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato". Sin embargo, es quien está a cargo de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y en las imágenes difundidas por el gobierno se le ha visto en el recibimiento en el CECOT de los migrantes enviados por EE.UU.
Rubio también afirmó que el gobierno salvadoreño se encuentra implementando reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de derecho, "incluyendo el aumento de la transparencia de las instituciones públicas, el fortalecimiento de la independencia de las instituciones judiciales y electorales, y la mejora de la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y partidos políticos".
Sin embargo, el gobierno de Bukele es el que más información pública oculta, en especial sobre el manejo de fondos públicos con reservas de información de hasta siete años. Además, de que su partido Nuevas Ideas es uno de los que no ha transparentado la información de sus financistas.
Desde su llegada al poder no se ha podido conocer el Plan General de Gobierno, pese a que se trata de información oficiosa. Y la pauta publicitaria también se declaró bajo reserva.
Sobre el supuesto fortalecimiento de la independencia de las instituciones judiciales y electorales, vale recordar que los diputados de Bukele nombraron a siete nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a quienes organizaciones de la sociedad civil cuestionaron que pudieran ejercer con independencia.
Y en el caso de la supuesta independencia de las autoridades electorales, el Tribunal Supremo Electoral lo preside la magistrada Roxana Soriano, quien fue precandidata a diputada por Nuevas Ideas y su suplente, Karen González, fue la encargada de asuntos electorales del partido Nuevas Ideas hasta las elecciones de 2024.
Además, Marco Rubio certificó que el gobierno de El Salvador se encuentra protegiendo los derechos de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, partidos políticos de oposición y la independencia de los medios de comunicación.
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Lo que contrasta con informes y opiniones de organizaciones sociales en el país que han denunciado espionaje, acoso e intimidación de parte del gobierno a defensores de derechos humanos y ambientalistas, utilizando como herramienta el régimen de excepción para, incluso, ejercer persecución penal contra activistas y voces críticas.
Desde la llegada de Bukele a la Presidencia de la República las organizaciones civiles registraron un incremento de casos de vulneraciones a las libertades cívicas como el derecho a la expresión, manifestación pacífica y libertad de prensa.
Además, Rubio certificó que se garantiza en el país seguridad pública “limitando el papel de los militares en la seguridad pública y respetando el debido proceso legal”. Sin embargo, tanto organizaciones nacionales como internacionales han denunciado que no se respeta el debido proceso desde que está vigente el régimen, el cual también dio más protagonismo a las fuerzas militares con los cercos de seguridad implementados en diferentes comunidades.
También se denunciaron abusos sexuales y abuso de fuerza cometidos por efectivos militares, como el caso de un hombre de 74 años que falleció en febrero de este año luego de ser baleado por un soldado.
Incluso Rubio certificó que el gobierno está implementando programas para reducir la violencia contra mujeres y niñas, pero el presupuesto del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) se ve cada vez más reducido en la administración oficialista.
Medidas sociales
Para el gobierno estadounidense, la administración de Bukele se encuentra implementando oportunidades para fortalecer los sistemas educativos, los programas de formación vocacional y los programas para jóvenes en situación de riesgo.
No obstante, el presupuesto de Educación se redujo para 2025, se despidió a docentes del sector público y ya van más de 60 escuelas cerradas este año, a lo que el titular del ramo calificó que están "unificando" escuelas.
Aunque el gobierno anunció becas universitarias, continúa con una millonaria deuda para con la única universidad pública del país.
“Certifico que el gobierno está implementando políticas que mejoren el entorno para que las empresas, incluidas las extranjeras, operen e inviertan, incluyendo la ejecución de reformas fiscales de manera transparente, garantizando mecanismos legales efectivos para el reembolso de devoluciones de impuestos adeudadas a empresas estadounidenses y resolviendo disputas relacionadas con la confiscación de bienes inmuebles de entidades estadounidenses”, añade el escrito del funcionario.
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