El secretario de Prensa del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, criticó este jueves en sus redes sociales a la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Ángelica Cárcamo, por su acercamiento a organismos internacionales para denunciar supuestos ataques contra el gremio.
“En lugar de ejercer su rol y luchar con firmeza por los derechos de los periodistas frente a sus empleadores, la presidenta de @apeselsalvador (APES), de pobre e intrascendente trayectoria por cierto, ahora se dedica a las relaciones públicas con organismos internacionales”, publicó el funcionario en un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter.
Estas publicaciones se dan a pocas horas de que la APES, junto a representantes de diversos medios salvadoreños, exponga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de la libertad de expresión en el país centroamericano.
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Sanabria respondió también a los señalamientos hechos por Cárcamo de que como funcionario “se dedica a atacar a periodistas, bloquearlos y promover discursos de odio”.
“Ahora resulta que por ser servidor público uno no puede cuestionar, criticar u opinar sobre el papel de un medio o de un periodista, aunque este tenga EVIDENTEMENTE un papel más cercano al activismo político”, agregó.
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó a mediados de noviembre un informe en el que se identificó como “principales responsables de violaciones relacionadas al derecho de la libertad de expresión y de prensa” al presidente Nayib Bukele, Sanabria y al jefe de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), Federico Anliker.
El documento señala que, valiéndose de sus cargos, han “amedrentado” y “denigrado” el trabajo de los periodistas, “pudiéndose deducir la probable comisión de hechos constitutivos de delitos”.
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La APES registró en los primeros cuatro meses 2020 al menos 54 denuncias de atropellos a los periodistas, de las que 34 se computaron durante la emergencia por la pandemia de la COVID-19.
En los doce meses de 2019 la organización registró 77 casos, una media de 6,4 denuncias por mes, mientras que entre enero y abril de 2020 se registró un promedio mensual de 13.5.
Los datos de la APES señalan que los principales “agresores” son el Gobierno (23 casos) mediante “instituciones públicas, funcionarios y empleados públicos”, le siguen la Policía Nacional Civil (10) y Fuerza Armada (5).