Expertos señalan un deterioro en las relaciones entre los gobiernos de El Salvador y el de Estados Unidos por el "tono de confrontación", que según ellos, ha tomado la administración de Nayib Bukele ante las sanciones impuestas a varios de sus funcionarios por parte de la representación de Joe Biden. Temen que la tensa situación afecte directamente al país, al alejarse del principal socio comercial, y a los compatriotas que residen en la nación del norte.
El Departamento de Estado de EE. UU. anunció esta semana sanciones económicas contra la jefa del gabinete, Carolina Recinos, el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Reconstrucción y Tejido Social, Carlos Marroquín, bajo la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos y por actos de corrupción. Dicha información generó controversiales mensajes por parte de Bukele y sus allegados y la respuesta del subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.
"Se han roto las formas y las comunicaciones diplomáticas (con Estados Unidos) y estamos pasando a un nivel de confrontación, de señalamientos y de acusaciones, como por ejemplo la revelación de una supuesta conversación con la ex Encargada de Negocios y exembajadora rompe cualquier tipo de relación diplomática normal y pasa a una situación no solo de confrontación, sino habría que analizar en qué contexto se genera esto... A esto se le suma los mensajes directos que el Presidente de la República (Bukele) suele realizar a través de redes sociales, haciendo señalamientos y utilizando un vocabulario acusatorio, nada diplomático e irrespetuoso", dijo Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, en la entrevista de este viernes de Frente a Frente.
Prosiguió: "El tono se ha elevado de tal forma que parece poco probable la conciliación entre el gobierno salvadoreño y el estadounidense, lo que pienso que el camino que ha seguido el presidente y sus funcionarios no es para mantener las relaciones no solo de amistad, sino las comerciales, parece que se encamina a romper relaciones".
José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), opinó en el mismo espacio televisivo que "además de lo corrosivo de la reacción del gobierno frente a la sanción de sus funcionarios es corrosivo para la relación con Estados Unidos del país e indigno, además, del cargo de un presidente".
Explicó que la Ley Magnitsky atrae repercusiones globales a quienes Estados Unidos ha sancionado, pues "sus consecuencias se extienden a otros países que tampoco van a querer que por sus sistemas financieros pasen recursos que pudieran estar de manera indebida, porque se convierte en dinero apestado".
Además, la medida no solo involucra a la persona sospechosa, sino puede alcanzar al círculo familiar. En el caso de Recinos, Navas detalló que la normativa estadounidense "también se aplicó al esposo, el embajador Bernal, en Italia, y al hijo de ella".
Los expertos lamentaron que pese a que dentro de sus consignas del gobierno estaban la transparencia y la lucha contra la corrupción y que haya hecho caso omiso a la lista Engel divulgada también por Estados Unidos y que también incluye a funcionarios de su administración.
"Se ha negado a investigar los hechos señalados en listas anteriores, investigaciones periodísticas locales, es más ha atacado a los mensajeros, este gobierno ha cancelado prematuramente el acuerdo marco con la CICIES, ha capturado la institucionalidad de transparencia, ha negado cualquier posibilidad de rendición de cuentas y por su puesto lo que estamos viendo ahora es la protección de personas que han sido señaladas por hechos de corrupción. El sistema autoprotegiéndose", indicó Marinero. Incluso "el Ejecutivo ha tratado en varias oportunidades de obstruir las investigaciones y lo hizo en el caso del Ministerio de Salud (durante la pandemia), añadió Navas.
Marinero consideró que una de las acusaciones que atribuye el Departamento de Estado a funcionarios salvadoreños "es muy grave, porque lideraron un esfuerzo del gobierno de El Salvador, y lo dice así literalmente la sanción, de negociar con grupos criminales, con las pandillas"; mientras al hacer referencia al caso de Recinos lo calificó como "gravísimo, porque lideró, dice la sanción, un esquema multimillonario de varios ministerios de corrupción, es decir una red gubernamental o al menos integrada en la estructura gubernamental de corrupción".
Para Navas "por ética, cualquier persona señalada por un hecho de esta naturaleza debiese poner a disposición el cargo y este presidente anunció, recordemos, que no iba a permitir este tipo de hechos en su gobierno y se ha dedicado a una persecución hacia funcionarios de otros gobiernos, pero a sus funcionarios los protege".
El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, dijo este viernes a periodistas que los funcionarios señalados "tienen derecho de audiencia y defensa" ante Estados Unidos. Defendió, además, que las relaciones con la nación del norte "se mantienen firmes" al asegurar que "hay intereses comunes en varios ámbitos, no solo en lo económico, sino que hay intereses de cooperación".