El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa encargada de la construcción del periférico Gerardo Barrios en la ciudad de San Miguel, apelaron a las Medidas Cautelares impuestas por el Juzgado Ambiental de la zona oriental, confirmó Eli Díaz Álvarez, juez ambiental.
El funcionario judicial explicó que “apelar significa que no están de acuerdo y que conozca la Cámara Ambiental de San Salvador, como consecuencia lógica aquí a su servidor no le queda otra cosa que mandar el expediente y la solicitud de apelación a la Cámara”, agregó.
Díaz Álvarez recordó que en su oportunidad varias personas denunciaron en el juzgado sobre supuestos daños ambientales que se estaban dando por la tala masiva de los árboles, se hicieron las inspecciones encontrando la existencia de la tala; la empresa y el ministerio tenían los permisos para la tala y la construcción del proyecto, “pero la compensación económica era mínima, por esa razón se ordenaron las medidas cautelares”.
El pasado 25 de octubre, representantes de las organizaciones que conforman la mesa sectorial de Gestión Ambiental y Cambio Climático del Foro Nacional de la Salud, y líderes de las diferentes comunidades de los municipios aledaños al proyecto del periférico, se concentraron en el redondel del desvío Febles en San Miguel, para exigir a las autoridades y a la constructora que cumplan con cada una de las medidas cautelares ante la destrucción del parque botánico El Obrajuelo.
El juez ambiental les ordenó medidas cautelares
La audiencia de imposición de las medidas en contra del ministerio y de la empresa constructora de la fase II del periférico se desarrolló el pasado 25 de julio de este año, cuando les ordenaron sembrar 100 árboles por cada uno de los 1,500 árboles talados, la construcción de 200 reservorios, la creación de las escuelas ambientales en los municipios de San Miguel, Quelepa, Moncagua y Comacarán, así como ofrecer una disculpa pública.
A la empresa constructora y al MOP le dieron un periodo de tres años para cumplir con lo ordenado por el juez, en caso contrario podrían ser procesados por incumplimiento a las medidas cautelares.
Juan Carlos López, representante de la mesa técnica de gestión ambiental y climático, dijo que la concentración de los líderes de las comunidades es para denunciar públicamente al MOP y a la empresa constructora, ante el incumplimiento de las medidas cautelares que les fueron ordenadas por el juzgado ambiental de San Miguel.
“Hubo destrucción masiva de árboles entre los municipios de Quelepa y San Miguel, les dieron unas medidas para cumplirse por todo el daño que causaron, pero no han cumplido una; es por eso que estamos pidiendo que cumplan por el bien del medio ambiente y de las comunidades”, agregó López.
Según López, de no cumplirse con las medidas, las comunidades se enfrentarán la vulnerabilidad ambiental a problemas de deslaves y escasez de los recursos hídricos.