Samurái, el ex agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), lleva ya 34 meses oculto, desde que escapó con la complicidad de sus colegas la madrugada del 29 de diciembre de 2017, poco tiempo después de haber herido de muerte a la agente de la Policía Nacional Civil, Cara Mayarí Ayala Palacios dentro de una patrulla.
Mientras él ha estado oculto, sus cómplices han sido investigados y procesados judicialmente. Ayer se conoció la condena de nueve agentes policiales a penas de entre 3 y 8 años de prisión; y absueltos otros, entre ellos el padre y el primo del sospechoso directo del crimen. Pero Samurái, el indicativo en el GRP de Juan Josué Castillo Arévalo, señalado de ser el verdugo de Carla por la Fiscalía General de la República, sigue libre y sin castigo.
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En el Juzgado Especializado de Sentencia Contra la Violencia de la Mujeres está acusado formalmente de ser el verdugo de Carla, el que le disparó a la cabeza la noche del 28 de diciembre de 2017, mientras se dirigían a Apopa, municipio en el que Carla trabajaba y residía. Ella era llevada a su casa luego de haber participado en una fiesta de fin de año, la sede del ex GRP, al sur de San Salvador.
Luego de la fiesta, en la que hubo licor y tenía la venia de las autoridades, el inspector xx autorizó a que fueran a dejar a Carla a Apopa. De repente, según las investigaciones, Samurai, quien no estaba autorizado para esa misión, subió a la patrulla en aparente estado de ebriedad. En el camino, cerca del redondel Integración, en la jurisdicción de Mejicanos sucedió el ataque.
Cómo sucedió y las razones que llevaron a Samurai a dispararle a su colega, no se sabe con claridad. De por qué no fue llevada la víctima a un centro asistencial y en su lugar regresaron a la sede del GRP, solo se ha conocido que fue porque Castillo Arévalo amenazó al conductor y acompañante.
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Cuando regresan a la sede de la entidad policial era ya 29 de diciembre y allí sucede una serie de hechos que hasta hoy no se pueden entender: si Carla estaba herida en la patrulla, ¿por qué no fue auxiliada? , tan hábil era Samurái para vencer a todo un personal policial presente en base para escapar con una agente herida y desaparecerla.
Esa madrugada, los agentes bajan de la patrulla para dar parte de lo ocurrido pese a que dijeron estar bajo amenaza, pero dejan las llaves puestas, y como sacado el guión de una película, Samuria toma la patrulla y huye con Carla gravemente herida. Luego vuelve en un carro particular con unos parientes al GRP, sin su víctima e increíblemente vuelve a escapar. Aunque es perseguido por varios policías especializados, el agente desaparece cerca del Árbol de la Paz.
Su fotografía está entre los más buscados por la Interpol, las autoridades policiales han dicho que siguen buscándolo pero Samurái ha logrado borrar, hasta el momento, toda pista que indique dónde se encuentra.
En la administración anterior, las autoridades policiales dijeron que tenían información de que posiblemente estaba en algún lugar de México, pero que igual que con las autoridades mexicanas, mantenían contacto con las de Guatemala y Honduras. Incluso dijeron que en El Salvador, no solo trabajaba para la Policía, sino que era jefe de un grupo de sicarios, un grupo de exterminio que operaba en el oriente del país, concretamente en Usulután y San Miguel.
Las autoridades anteriores ofrecieron incluso una recompensa de $5,000 a quien diera información que llevara a localizar a Castillo Arévalo. Pero los resultados de esa búsqueda no han llegado hasta hoy.
El actual director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, solo ha dicho: “Él está prófugo y lo andamos buscando”.
El hallazgo de los restos de Carla
Samurai es originario de San Francisco Javier, municipio de Usulután, y en esa jurisdicción fueron hallados en septiembre de 2018 los restos de Carla Ayala. Y no solo eso, el hallazgo se dio en un terreno propiedad de un pariente del presunto asesino.
El cuerpo había sido enterrado en un lugar antes y luego trasladado a ese terreno ubicado en el caserío Los Ríos, cantón Los hornos, de San Francisco Javier.
Luego de las pruebas de ADN realizados a las osamentas encontradas, fue confirmado oficialmente que correspondían a los de la agente Carla Ayala.
Su familia la pudo sepultar y ayer conoció no solo de la condena de pate de los procesados por complicidad o incumplimiento de deberes, sino que también recibirán una indemnización por responsabilidad civil.
Arnau Baulenas, abogado particular en el proceso, señaló precisamente inconformidades con el proceso como el monto de la responsabilidad civil y el que no se haya condenado al exjefe del GRP, comisionado Julio César Flores Castro, a quien se le acusaba de haber incumplido su deber y no lograr que se cumpliera la orden de detener a Castillo Arévalo poco después de haber disparado a la agente Ayala y luego desaparecerla.
34 meses después, el causante de su muerte no ha sido encontrado ni llevado a los tribunales. Ayer, German Arriaza, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, si bien celebró que habían logrado hacer su parte, reprochó a la Policía el no haber encontrado aún a Castillo Arévalo, por lo que este crimen aún está impune.