Como una forma de estigmatizar a las organizaciones que reciben ayuda internacional que el gobierno no les ofrece, así mira el Foro del Agua de El Salvador la propuesta de ley de Registro de Agentes Extranjeros que el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, llevó a la Asamblea el pasado 9 de noviembre.
Esa iniciativa pretende aplicar un impuesto del 40% a la cooperación internacional destinada a ONG, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, bajo el supuesto de que con esa medida regularán los fondos que reciben asociaciones que tienen fines políticos para desestabilizar al gobierno, afirma el Ejecutivo.
Sin embargo, el Foro del Agua advirtió este lunes que esa nueva ley viene a ser un tiro de muerte prácticamente para las más de 2,500 juntas comunitarias de agua potable, que no son atendidas por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), señaló Dalia González del Foro del Agua.
Además, lo ven como una forma de estigmatizar, descalificar y discriminar las exigencias de las comunidades que demandan el servicio vital que el Estado no les ofrece, un vacío que han logrado solventar desde hace 35 años con el apoyo de la cooperación internacional.
El impuesto del 40% reducirá la capacidad de sostenibilidad de los proyectos comunales rurales de agua potable de los que se benefician 1.4 millones de habitantes de las zonas rurales adonde la ANDA no tiene capacidad de llegar con el servicio.
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“Desde 1995 el tema fue abandonado por el Estado, es asumido directamente por las comunidades, con la ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional y algunas alcaldías con el apoyo del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), (esta entidad ha sido disuelta por el actual gobierno). A partir de la intervención de esta variedad de actores en la provisión del abastecimiento y saneamiento rural, surgen las juntas administradoras de agua potable del sector rural, un modelo de administración comunal, desvinculada de la regulación y el apoyo del estado”, afirma el Foro de Agua mediante un comunicado.
Señalan que el reto es grande, ya que existen más de 560,000 personas de la zona rural que no tienen acceso al agua potable, de acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en 2019 y que hasta hoy, la gestión de fondos internacionales que realizan las ONG es la única esperanza que tienen, ya que con el cierre del FISDL y la eliminación del FODES, se desvanecen las posibilidades de financiamiento público al sector, pues revisando el presupuesto de 2021 para la ANDA y el del Ministerio de Desarrollo Local no se destinó fondos para la inversión y fortalecimiento de los sistemas comunitarios, tampoco se prevé inversión en el presupuesto 2022.