“Nuestra Bancada expresa de manera unánime nuestro desacuerdo sobre la realización del acto de juramentación” de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli al Parlamento Centroamericano, manifestó el bloque salvadoreño en este ente regional. Ambos son hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien fuera acusado de espionaje a opositores políticos.
Sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, fueron electos al Parlamento Centroamericano en mayo de 2019, pero nunca tomaron posesión de su cargo. El pasado 6 de junio, y tras cerca de un año de no revelarse su paradero, fueron detenidos en Guatemala cuando buscaban abordar un vuelo humanitario que tenía como destino final su país natal, Panamá.
Ellos son requeridos por la justicia de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al caso Odebrecht, la trama de corrupción que involucró pagos millonarios de sobornos por parte de la constructora brasileña de ese mismo nombre a cambio de contratos en diversos países de América Latina y África. Además, en 2018, se dio a conocer su presunta vinculación en la trama de Blue Apple, otra trama de presunto pago de sobornos a cambio de contratos que involucró a la sociedad con este nombre (en castellano, Manzana Azul), que recibía pagos de contratistas beneficiados con negocios en la administración pública.
A juicio de la bancada salvadoreña, la mayoría de legisladores panameños electos en 2019 fueron juramentados en agosto de ese mismo año, menos los hermanos Martinelli, quienes no solicitaron su juramentación sino hasta este momento en que se encuentran bajo arresto, lo que manifiesta, por un lado, desinterés de participar en asuntos de integración centroamericana.
Ricardo Calderón Lam, vicepresidente del parlamento y diputado salvadoreño, va más allá y cree que están buscando incorporarse hasta este momento precisamente por el proceso en su contra y el fuero que el Parlacen otorga a sus miembros. “Recuerde que ellos son diputados suplentes que en ningún momento participaron en actividades propias de la integración, por ello lo más probable que este sea uno de los casos que se mencionan (de gente que solo busca el fuero)”, dijo a El Diario de Hoy.
Además de estas razones de fondo, el grupo salvadoreño considera que los Martinelli no pueden formar parte del Parlacen pues la entidad “no dispone de la reglamentación pertinente para efectuar una juramentación extemporánea bajo las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia”.
No solo el bloque salvadoreño se opone
Además del grupo de parlamentarios salvadoreños, la directiva del bloque panameño informó esta semana que no tomará el juramento de los hermanos Martinelli como diputados suplentes del ente.
Así lo informó a través de una carta enviada a la presidenta del Parlacen, Nadia Lorena de León, el vicepresidente de la Junta Directiva por el Estado de Panamá, Gilberto Succari, diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá, y el secretario, Cirilo Salas, del Partido Popular.
“Este asunto amerita de la fina caracterización de nuestras actuaciones y que estas estén revestidas de plena legalidad. Basados en ese principio, nos permitimos informarles que como directivos no procederemos con la juramentación referida”, dijeron Succari y Salas en la carta.
Sin embargo, dejaron en manos del grupo guatemalteco, que además funciona como sede de Parlacen, la decisión de juramentarlos o no. Ante esto, los diputados de los partidos Semilla, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y WINAQ, todos de Guatemala, se opusieron “rotundamente” a que se le inscriba oficialmente a los referidos panameños, a quienes acusan de utilizar “al Parlacen de forma individualista para buscar impunidad”.
La defensa de los Martinelli dice que Guatemala viola tratados internacionales al mantenerlos retenidos en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala de la capital, donde también están recluidos personajes de la política guatemalteca acusados de corrupción, como el expresidente Otto Pérez Molina y su exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, vinculados al caso de defraudación aduanera “La Línea”.