Médicos ven “ilegal y preocupante” que el Gobierno reserve información sobre salud pública

Así lo afirma el especialista y miembro del Colegio Médico, entre varias reacciones críticas del sector salud contra el Gobierno, por reservar datos de este plan, las pruebas COVID-19 y el Hospital El Salvador.

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Personal de primera línea hace fila en una de las cabinas móviles instaladas por el Minsal. / Foto EDH Archivo

Por Carlos López Vides

2020-10-15 8:00:23

Alarmante, incomprensible, condenable, lamentable y hasta en contra de la ley. Así califican desde el sector médico del país la decisión del Ministerio de Salud (Minsal) de reservar información al público en general, en específico: el documento Plan Nacional de Salud (hasta septiembre de 2021), los datos sobre cómo se procesan las pruebas de COVID-19 que ejecuta el Minsal, así como el convenio que dio paso a que las instalaciones del Cifco sirvieran para el Hospital El Salvador. Para los últimos dos casos, se podrá tener detalles hasta 2022.

Estos períodos de información clasificada aparecen en el índice de información reservada de octubre 2020 del Ministerio de Salud, en el Portal de Transparencia del Gobierno.

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El doctor Iván Solano Leiva, infectólogo y miembro del Colegio Médico, dijo que al reservar esta información “pareciera que hay cosas que no se han hecho bien, y que pretenden ocultarlas. Con las pruebas, la información la manipulan, y el famoso equipo de asesores venezolanos son los que toman decisiones, por encima del personal (local)”.

Para Solano Leiva, “que hayan vedado la información del Plan Nacional de Salud solo viene a confirmar que no existe ningún plan. Lo único que tenemos en versión web es el Plan Cuscatlán (lanzado durante la campaña presidencial de Nayib Bukele), pero de que se siga un Plan Nacional de Salud en nuestro país, no… se les ha pedido y nunca lo han dado, responden que lo están trabajando”.

El titular de Salud, Francisco Alabí (Der.), durante una visita en Soyapango. Foto EDH / Cortesía

Mientras que el infectólogo pediatra Mario Gamero opinó que “es una información que debería ser pública. En estos momentos que se requiere tanta información veraz, con datos estadísticos y epidemiológicos. Esto sería un retroceso, porque el plan incluye muchas áreas que pueden ser obviadas, y que probablemente ya no se podrán desarrollar bien si no se tiene toda la información”.

Gamero dijo no entender por qué se ha vedado esta información, “no lo veo sano, algún interés personal puede haber en eso. En ningún hospital debe ser obviado ningún dato, toda información debe salir a la luz, para crear un ambiente de transparencia. Toda información médica no debería ser obstruida ni resguardada”.

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También están preocupados en el Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende, una de las principales agrupaciones médicas en la sociedad civil del país. Una fuente de esta entidad, quien pidió reserva de su nombre para evitar represalias en su trabajo, fue más allá en el análisis y valoró que “nos preocupa que ahora que es inminente la segunda ola de COVID-19, no se cuente con una política nacional de Salud 2019-2024, porque es el documento por excelencia que guía el accionar sanitario del país, exigido por muchas leyes, tales como el Código de Salud y la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud”.

El Movimiento también hizo ver que “hemos pedido un diálogo y acuerdo nacional, para contribuir para que esta Política Nacional de Salud se elabore y se cumpla con las exigencias de ley. Una vez el ministerio convoque a diferentes actores, va a ser mejor para sustentar este importante documento. Pero no tenemos convocatoria, no hay posibilidades de aporte, y eso ocasiona que no tengamos un documento que es exigido por ley”.

Solano Leiva se sumó a este pedido, y confirmó que tampoco el Colegio Médico ha sido tomado en cuenta por la administración Bukele para aportar al plan y a la política del sector salud en el país.

Imagen del cerco sanitario en Chalchuapa, instalado el martes 13 de octubre de 2020 en la ciudad occidental. / Foto EDH Archivo

En cuanto a no dar detalles sobre las pruebas COVID, el Movimiento criticó que “no se puede determinar la pertinencia de los cercos sanitarios, no hay criterio como para poder determinar el accionar epidemiológico pertinente. Mencionar que se están haciendo 500 pruebas en Chalchuapa es insuficiente para la medida de querer contener un rebrote”.

El Ministerio de Salud se equivoca al vedar información sobre estas pruebas PCR, insistió el Movimiento, pues “al no contar con esos datos, no sabemos cuál es el comportamiento epidemiológico en las grandes ciudades. Estamos ante un escenario sanitario donde se toma decisiones con un tampiz poco científico, y eso podría tentar a que son otros intereses los que determinen la implementación de cerco sanitario, que parece más un cerco militar. Vamos a una segunda ola de COVID-19, sin haber aprendido las lecciones de la primera ola.