Hasta 121,139 dólares que no fueron utilizados de forma correcta por el Ministerio de Salud (Minsal) y por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) forman parte de los hallazgos encontrados por un equipo de auditores de la Corte de Cuentas de la República que analizaron los procesos de compra que hicieron ambos ministerios durante los peores meses de la pandemia por Covid-19.
En el informe que presenta los resultados del examen que la CCR hizo a la readecuación y reconstrucción de hospitales nacionales durante el período de emergencia por Covid-19, entre marzo y junio de 2020, se encontraron varios hallazgos relacionados con compras irregulares y violaciones a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
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Y aunque uno de los hallazgos más importantes fue el uso de casi $900 mil del dinero del Fondo De Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) en obras ajenas a la emergencia por la pandemia, una de las diez irregularidades enlistadas tiene que ver con contratación de obras que no fueron terminadas o que no fueron ejecutadas en nosocomios como el Hospital Nacional "Santa Teresa", de Zacatecoluca, en La Paz, y el Hospital Nacional "San Juan de Dios", del municipio y departamento de San Miguel.
Entre ambos hospitales los ministerios gastaron $121,139, según el informe, en la contratación de reparación de los recintos, aunque luego de la auditoría se logró comprobar que las obras no fueron concluidas o, simplemente, no existen.
En el caso del hospital del municipio de Zacatecoluca, la auditoría encontró que el MOPT pagó la suma de $96,760 para adecuar un área que sería utilizada para atender a pacientes de covid-19, sin embargo, las obras iniciaron sin realizar un estudio de suelo y sin tener planos, por lo que el representante legal de la empresa contratada, cuyo nombre no aparece en la versión pública del informe, afirmó que solicitaron al administrador del contrato que se realizaran modificaciones.
Ante esto, es el mismo administrador del contrato quien confirmó a los auditores que el suelo donde se realizaría la construcción no contaba con las condiciones favorables, por lo que tuvieron que "priorizar" la estabilidad y que, por ello, la mayor parte del dinero se ocupó en mejorar las condiciones del suelo (algo que no estaba contemplado en el presupuesto) y se descartaron otras obras como ventanas, puertas, instalaciones eléctricas y cielo falso. "Es posible que por esa razón la percepción del personal técnico de la Corte de Cuentas es que la edificación está inconclusa", afirmó el administrador de la orden de compra a los auditores.
En el caso del Hospital Nacional "San Juan de Dios", de San Miguel, los auditores encontraron que el MOPT pagó $263,872.89, el 5 de mayo de 2020, por el "suministro de materiales y mano de obra para el mantenimiento de instalaciones e infraestructura" de dicho nosocomio, sin embargo, al hacer un estudio de la obra entregada el día 29 del mismo mes, se estableció que al menos $24,378 no fueron justificados en la obra, es decir, no se ejecutaron.
Lo anterior, según el informe, se definió al hacer una inspección física de los trabajos realizados y contrastarlos con el Acta de Recepción Final, donde se encontró que había esa cantidad de diferencia entre las partidas por obras, por lo que no se encontró evidencia de ejecución.
Asimismo, los auditores consignaron en el informe que no hubo ningún tipo de sanción por la obra faltante para la empresa que la realizó, a pesar de que se incumplió lo pactado.
Dentro de este hallazgo, las irregularidades que la CCR encontró se refieren a la recepción que hizo de la obra inconclusa el administrador de la orden de compra, así como la falta de supervisión de la misma por parte del director de construcción y mantenimiento de la obra que había designado el MOPT.
Ante las consultas de los auditores por la situación, tanto el ministro de Salud, Francisco Alabí, como el gerente de adquisiciones y contrataciones del MOPT se desligaron de lo sucedido. Por un lado, Alabí se escudó en que el decreto 606 (que le permitió al Ejecutivo hacer compras directas durante la pandemia) lo eximía de hacer compras bajo mecanismos de la LACAP (algo que respondió en casi todas las consultas de los auditores aunque no tuvieran relación con los hallazgos señalados).
Por otra parte, el director de adquisiciones del MOPT dijo que no era su responsabilidad realizar los pagos a los contratistas, por lo que no respondió los motivos para que esos $24,378 se reflejaran en obras. Por el contrario, el administrador de la orden de compra aseguró que habían dado parte a la Fiscalía por el cobro excedente que realizó la empresa por la obra.
Los auditores, por su parte, señalaron que ni el MOPT ni el Minsal tomaron las acciones necesarias para solventar la situación, y que tuvieron que esperar a la intervención de la CCR para que se evidenciara ese dinero faltante; además, concluyeron que "haberle dado parte a la Fiscalía" no es evidencia de que esos fondos se hayan recuperado, por lo que la irregularidad se mantiene vigente.
