A pesar que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) dice haber ejecutado acciones para combatir el hacinamiento en las cárceles, el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, confirmó ayer a este medio que siguen sin recibir un informe de las obras.
González explicó que seis meses después de junio de 2016, cuando el hacinamiento en las prisiones fue declarado inconstitucional, la Sala se reunió con el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto.
Para entonces, dijo el magistrado, que la única acción que ellos manifestaron haber ejecutado es la ampliación del penal de Izalco, donde abrirían espacios para al menos 2,000 reos.
“Se comprometieron mandarnos un informe que no ha sido enviado. Yo creo que se puede, en algún momento, pues sobre todo que estamos siendo objeto de verificación internacional, convocar a una audiencia de seguimiento para que expliquen qué es lo que ha sucedido”, sostuvo González.
Una demanda contra las medidas extraordinarias
La Sala todavía no se pronuncia genéricamente por la implementación de las medidas extraordinarias, manifestó González, sí lo ha hecho para casos específicos de reos, con temas relacionados a la salud por enfermedades contagiosas, producto del hacinamiento.
En mayo del año pasado, un abogado interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra las medidas extraordinarias, argumentando que las acciones violaban los derechos humanos en las cárceles. Los magistrados estudian el recurso y esperan resolverlo antes de terminar su período, según González.