Sala frena cancelación del TLC con Taiwán

La Sala de lo Constitucional admitió el amparo argumentando que era la Asamblea Legislativa la que tuvo que cancelar el tratado comercial.

El Reino Unido estaría comprando a El Salvador 9,000 toneladas de azúcar, por medio del Tratado de Asociación firmado con Centroamérica. Foto EDH / archivo.

Por Jessica Guzmán

Mar 13, 2019- 19:58

La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió ayer la demanda de amparo en contra de la suspensión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Taiwán y con ello suspende, de inmediato y provisionalmente la cancelación del acuerdo comercial.

“Admítese la demanda incoada por el señor Mario Ernesto Salaverría Nolasco como presidente de la junta directiva y representante de la Asociación Azucarera de El Salvador, en representación de los intereses colectivos del sector de la agroindustria azucarera, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por la denuncia del Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán), la República de El Salvador y la República de Honduras…”, resuelve la Sala de lo Constitucional.

La resolución, publicada la tarde de este miércoles 13 de febrero, también establece que se debe suspender la denuncia (cancelación) y que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, deberá cumplir la medida.

“Suspéndase inmediata y provisionalmente los efectos de la denuncia del referido tratado, mientras se mantenga la verosimilitud de las circunstancias fácticas y jurídicas consideradas para su adopción; en ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las demás autoridades estatales involucradas deberán llevar a cabo las gestiones necesarias y pertinentes a fin de darle cumplimiento a la presente medida precautoria”, establece la resolución en su segundo apartado.

El ministro de Relaciones Exteriores tiene un plazo de 24 horas para que informe a la Sala si los hechos que se le atribuyen en la demanda son ciertos o falsos.

Asamblea tiene potestad

El principal argumento de la Sala, y que fue uno de los más discutidos y señalados por los exportadores, es que la cancelación que realizó Cancillería tuvo que haber pasado por la Asamblea Legislativa, tal como se hizo cuando se ratificó como Ley de la República.

“Se debió cumplir con lo establecido en el artículo 142 de la Constitución, en cuanto a la ratificación del Órgano Legislativo de la denuncia del referido tratado por ser este ley de la República, lo que implicaría la modificación de las condiciones arancelarias establecidas por aquel sin que haya existido la debida deliberación y derogatoria por parte de la Asamblea Legislativa”, señala la resolución.

Por su parte la Asamblea Legislativa, este mismo miércoles, aprobó con 54 votos en pantalla y uno a mano alzada el informe parcial sobre la investigación de la denuncia del TLC con Taiwán.

Es importante señalar que esta decisión de la Sala no interviene con las competencias que tiene el presidente de la República en establecer relaciones con otros países.

Esto significa que, aunque continúe el tratado comercial con Taiwán, las relaciones diplomáticas con la isla siguen rotas, como lo determinó el presidente Salvador Sánchez Cerén en agosto 2018 y las relaciones diplomáticas con China Popular siguen en pie, como también lo estableció en la misma fecha.

Ante la resolución, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció señalando que aunque procederá a acatar lo establecido por la Sala de lo Constitucional, mantiene su postura en que sí realizó el debido proceso de cancelación del tratado.

Por ahora la cancelación definitiva de la ruptura del TLC con Taiwán sigue en estudio de la Sala de lo Constitucional por el recurso de inconstucionalidad que también presentaron los azucareros.

Exportadores y productores aplaudieron decisión de la Sala de lo Constitucional Foto EDH / archivo.Foto

“Se reconfirma TLC y la seguridad jurídica del país”

El sector exportador y productor expresó ayer su satisfacción por la decisión de la Sala de lo Constitucional ya que, según dijo Mario Salaverría, presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES), más allá de las pérdidas millonarias proyectadas, estaba en juego la seguridad jurídica y la imagen del sector y de El Salvador ante el comercio internacional.

Rigoberto Monge, coordinador de la Oficina de Apoyo al Sector Privado para los Tratados de Libre Comercio señaló que “se reconfirma el TLC con Taiwán y la seguridad jurídica del país, para quienes nos compran y a quienes les vendemos a nivel internacional”.

Monge recalcó que para que los TLC tengan valor internacional deben ser aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa y así debe ser su proceso de cancelación.

Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) dijo que con la vigencia del TLC con Taiwán los exportadores que aún mantienen acuerdos comerciales con empresarios taiwaneses siguen con los beneficios arancelarios que hay a la fecha.

Lamentablemente otros negocios como de miel, productos de noni y artesanías sí se rompieron definitivamente desde que el gobierno de El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Taiwán.

Aunque aún no hay una resolución definitiva de cancelación por parte de la Sala de lo Constitucional, Cuéllar dijo que esta admisión da tiempo para que negocios como el de los azucareros no se pierdan, sin embargo también señaló que se tiene que hacer un trabajo de confianza con los compradores taiwaneses y esperar que la Sala de lo Constitucional resuelva como inconstitucional la cancelación del TLC, lo antes posible.

Salaverría también señaló que lo que el país necesita es certidumbre en las políticas comerciales y en todas las políticas de país, por lo que expresó su confianza en que el nuevo gobierno priorizará temas como la transparencia y seguridad jurídica en cuanto a políticas comerciales internacionales.

Finalmente Cuéllar agradeció “todo el esfuerzo de la Comisión Especial del Órgano Legislativo, de los mismos empresarios, incluso los que ya perdieron negocios, para que se respete la institucionalidad del país, porque las reglas del juego deben ser claras, para que cualquier inversionista, sea local, sea extranjero confíe en nuestro país “.

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