La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el decreto legislativo 781 de noviembre del año pasado, en el cual la Asamblea Legislativa reorientó fondos para pagar el FODES que el Gobierno no ha pagado en siete meses a las alcaldías y además la contrapartida de $50 millones para terminar las obras del Fomilenio II que actualmente están suspendidas porque el Gobierno no entregó ese dinero.
“Declárase que el Decreto Legislativo nº 781, aprobado por la Asamblea Legislativa el 26 de noviembre de 2020, es inconstitucional por vicio de forma, en los términos expuestos en esta sentencia, por infringir los principios de planificación y equilibrio presupuestario establecidos en el artículo 226 de la Constitución. La razón es que el Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda no tuvo intervención en la reforma al Decreto Legislativo n° 640, de 5 de mayo de 2020”, reza la sentencia conocida hoy.
De esta forma, la Sala da la razón al Gobierno de que los diputados no consultaron lo suficiente al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien alega que los fondos que la Asamblea reorientó ya han sido gastados pues originalmente fueron aprobados en mayo para la reactivación económica y las ayudas a las microempresas.
El magistrado Aldo Cáder razonó su voto, es decir que expuso los motivos por los que no está de acuerdo con la inconstitucionalidad alegada por el Ejecutivo.
El decreto 781 declarado inconstitucional transfería $400 millones de los $1000 millones aprobados en mayo de la siguiente forma: $288 millones para el pago de FODES atrasado de junio a diciembre de 2020, $50 millones para la contrapartida de Fomilenio II, $16 millones para el pago a los veteranos y excombatientes y $45 millones para los proveedores del Estado.
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El diputado del PDC, Rodolfo Parker, manifestó que lamentaba el fallo pero que deben acatarlo, no obstante destacó el voto razonado del magistrado Cáder, en el cual manifiesta que la Asamblea sí consultó al ministro de Hacienda.
Dijo que la Asamblea deberá analizar el fallo para determinar de qué forma se da cumplimiento a las obligaciones del Gobierno de pagar el FODES y la contrapartida de Fomilenio II.