Ayer, la Sala de lo Constitucional anuló por fin la Contribución Especial para la SeguridadCiudadana (CESC), que para efectos prácticos era como un segundo impuesto al valor agregado a aquellos bienes y servicios telefónicos y tecnológicos.
El efecto de la sentencia empieza el 5 de noviembre, es decir un día después de que caduque la vigencia original del tributo emitido hace cinco años por la administración de Salvador Sánchez Cerén.
Fue precisamente en ese momento, en 2015, cuando se interpusieron múltiples demandas en contra de este tributo. Uno de los demandantes, el constitucionalista Enrique Anaya, lamentó ayer que el tribunal constitucional se haya tardado tanto en resolver esta demanda.
“Tristemente, la Sala se tardó cinco años en resolver”, dijo el jurista a El Diario de Hoy cuando fue consultado sobre la resolución.
Sala emite resolución en el Proceso de Inconstitucionalidad 149-2015, la cual puede consultarse en https://t.co/nua7Rqnrz9
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) October 26, 2020
A su juicio, lo peor de todo es que “los salvadoreños hemos pagado cientos de millones de dólares de un tributo ilegal que no nos devolverán”.
Y es que en la sentencia, la Sala no solo extiende la vigencia del tributo hasta el próximo 4 de noviembre pues el gobierno ya lo había presupuestado, sino que declara que la sentencia no tiene efectos retroactivos. Es decir, ese dinero pagado en un tributo ilegal no volverá al bolsillo de los contribuyentes salvadoreños, explica Anaya.
Por lo tanto, considera que la sentencia en cuestión no tiene mayores efectos prácticos, ya que entra en vigencia cuando el decreto iba a estar expirado según su diseño original.
Sin embargo, este fallo puede tener un efecto importante, reconoce el jurista contactado por este medio. Esto es que, si por algún el gobierno decidiese cambiar de opinión con respecto a este tributo, ya no lo podría hacer.
Lee también: Salvadoreños pagaron $538 millones en cinco años por impuesto inconstitucional a la telefonía
En el cuerpo de la sentencia, la Sala “aclara que todo decreto legislativo que se emita sobre la temática que ha sido enjuiciada en esta oportunidad deberá respetar las consideraciones hechas en la presente sentencia”.
El tribunal añade que “cualquier incumplimiento podrá ser controlado por esta Sala de lo Constitucional por la vía de resoluciones de seguimiento”.
Esto, para Anaya, es importante, pues no podrán solicitar una prórroga de este tributo si acaso tenían pensado cambiar de criterio.
Además, explica que el fondo de lo resuelto por la Sala es también de gran importancia, y es que el tribunal exhibió la maniobra que pretendió hacer la administración de Salvador Sánchez Cerén, que gobernó al país de 2014 a 2019.
Te puede interesar: Impuesto a la telefonía vence el 4 de noviembre
Esta consistió, en palabras de Anaya, en “decretar un IVA diferenciado (para bienes y servicios telefónicos y tecnológicos) y disfrazado de una contribución especial para la seguridad”.
Esta modalidad existe en otros países, donde por ciertos productos se paga un IVA diferente, pero en El Salvador el gobierno intentó ocultarlo como una contribución especial.
Desde 2015, diversas voces veían venir una sentencia de inconstitucionalidad en el sentido de que el hecho generador (compra de servicios o bienes tecnológicos) traía consigo dos impuestos (IVA y CESC). “No tengo ni la menor duda que la Sala (de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) fallará que este proyecto es inconstitucional por tener múltiple tributación”, dijo en su momento René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, que acertó al fondo, pero no previó que la sentencia llegaría cinco años después.
Impuesto del 5 % a los servicios de telefonía vence el 4 de noviembre y ciudadanos ya no lo pagarán