Sala de lo Constitucional decidirá controversia entre Ejecutivo y Legislativo sobre salvadoreños varados en el exterior

Los magistrados constitucionalistas decidirán cuál de los dos órganos de Estado tiene la razón con respecto a facilitar el retorno o no de los compatriotas.

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Foto EDH / Archivo

Por David Marroquín

2020-05-26 9:33:32

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolverá la controversia constitucional generada por el presidente Nayib Bukele contra la Asamblea Legislativa por haber superado el veto presidencial al decreto legislativo que facilitaba el retorno de 4,500 salvadoreños que se encuentran varados en el exterior.

Los magistrados constitucionalistas decidirán cuál de los dos órganos de Estado tiene la razón con respecto a facilitar el retorno o no de los compatriotas.

“Admítase a trámite la controversia constitucional comunicada por el Presidente de la República con respecto a la supuesta onconstitucionalidad del artículo 1 del decreto legislativo #621 aprobado el 1 de abril de 2020 y ratificado por la Asamblea Legislativa el 24 de abril del 2020 que contiene las disposiciones transitorias para regular el retorno de los salvadoreños”, señala la resolución de la Sala.

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En ese sentido, los magistrados constitucionalistas le otorgan diez días a Bukele para envíe sus argumentos con los que justifica el veto al decreto legislativo.

También le da el mismo plazo a la Asamblea Legislativa para que exponga la justificación del porqué ratificó el decreto.

Bukele argumentó el veto en que el artículo 1 del referido decreto violaba  la Constitución con respecto al principio de la seguridad jurídica.

Lo anterior porque, según el gobernante, se “expresan meras expectativas irreales de retornar al país para aquellos connacionales que se encuentran fuera del país en atención a las circunstancias actuales para hacer frente a la pandemia del COVID 19”.

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También considera que viola los artículos 65 y 66 de la Carta Magna que contienen el principio de la separación de poderes por la supuesta intromisión del Órgano Legislativo en funciones propias del Ejecutivo en el ramo de Salud Pública.