El gobierno del presidente Bukele sufrió un revés jurídico, y el gremio de trabajadores de salud, un espaldarazo, este jueves, con la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de declarar “constitucional” una disposición legal que procura un seguro de vida y otras prestaciones para los médicos, enfermeros y otros auxiliares activos en la actual lucha contra el coronavirus.
“Declárase que el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 620, de 1 de abril de 2020 —que establece la obligación al gobierno de determinar los mecanismos para otorgar un seguro de vida a los profesionales de la salud—, es constitucional…”, dice sentencia emitida este jueves.
Lo anterior significa también que Bukele debe sancionar o firmar y mandar a publicar el decreto y el Ministerio de Salud debe destinar una partida para comprar los seguros y demás recursos.
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Pese a los llamados del gremio médico para darle vigencia, dicho decreto fue vetado por el presidente Bukele, quien alegó que la Asamblea Legislativa propiciaba el desequilibrio del presupuesto y que se desprotegieran otros bienes jurídicos importantes por destinar recursos a tales beneficios. Sin embargo, la Asamblea ratificó a finales de abril el decreto, por lo que Bukele promovió un juicio de controversia ante la Sala de lo Constitucional.
La Sala, por su parte, declaró ayer que el decreto “es constitucional” frente al señalamiento de que no cumple con el principio del equilibrio presupuestario que manda el artículo 26 de la Carta Magna.
Sala emite resolución en Controversia 2-2020, la cual puede consultarse en https://t.co/1Ks5tJURdw
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) June 25, 2020
Según determinó la Sala, la normativa vetada no tiene carácter presupuestario, sino que establece un mandato sobre prestaciones que debe ser considerado y concretizado por el Órgano Ejecutivo en cuanto al gasto y la fuente de financiamiento respectiva en el proyecto de presupuesto general del Estado. Esto, aclara la Sala, “debe hacerse de acuerdo con las posibilidades razonables de la situación fiscal” en este o el próximo presupuesto.
La Sala también declaró que es constitucional el proceder de la Asamblea al legislar sobre estas prestaciones “y no interfiere ni es excluyente con la competencia del Órgano Ejecutivo para formular la política nacional de salud ni obstaculiza su facultad normativa reglamentaria en dicho ámbito”.
En un voto concurrente, el presidente del máximo tribunal, Armando Pineda Navas, destaca que las medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa “tienen como finalidad dotar de equipos de protección y condiciones para salvaguardar la salud del personal médico, enfermeras y trabajadores de la salud, ante el riesgo que enfrentan, por el grado de posibilidad de contagio”.
Por tanto, reconoce que por el nivel de riesgo para los trabajadores, es necesario adoptar medidas para salvaguardar su salud y vida.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, celebró a través de Twitter que “la Sala da la razón” al Congreso y confirmó que éste ya recibió formalmente la sentencia.
Ponce subrayó que el decreto busca que “el Órgano Ejecutivo otorgue seguro de vida a profesionales de salud, entre otros beneficios”.
El diputado Guadalupe Vásquez, del oficialista partido GANA, dijo que es importante conocer si el Gobierno tiene los recursos, aunque si es una orden de la Sala el Ejecutivo tiene que cumplirla, aunque anticipó que el Ejecutivo presentaría un proyecto al respecto.
Bukele publicó ayer tarde, en Twitter, sin referirse a la resolución de la Sala, que presentaría a la Asamblea “una propuesta de reforma presupuestaria para otorgar un seguro de vida y pensión vitalicia a todos los trabajadores de salud”.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y el de Salud Pública, Francisco Alabí, llevaron a la Asamblea la iniciativa de ley del Gobierno para compensar lo del seguro de vida al personal médico.
“Hemos venido a presentar una iniciativa de ley que comprende un refuerzo presupuestario de $3 millones para el seguro de vida del ciento por ciento para los empleados del Ministerio de Salud y Fosalud”, expresó Fuentes. Sin embargo, no detalló de dónde provendrán esos otros $3 millones que se suman a los $3,000 millones que la Asamblea ya le autorizó anteriormente para enfrentar la pandemia.
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Lara: 40 familias no tuvieron beneficio tras el veto
Los médicos Ricardo Lara y Luis Rodríguez, dos de los promotores del decreto para seguros de vida y otras prestaciones al sector salud, celebraron la decisión de la Sala de lo Constitucional.
“Este ha sido un logro de lucha de los trabajadores de salud, en especial de un grupo de médicos y enfermeras que han sido las iniciadoras de este proyecto que por hoy llega a feliz término”, declaró el doctor Rodríguez al agradecer a la Asamblea y la Sala de lo Constitucional “porque se hizo justicia en sector salud”.
Por su parte, el doctor Lara recordó que tuvieron que pasar hasta humillaciones porque sus superiores les dijeron que “estaban locos” al pedir los beneficios.
“Tuvimos buena respuesta en la Asamblea, pero luego recibimos una bofetada de parte del presidente Bukele al vetar en dos ocasiones proyectos que venían en favor nuestro”, reseñó. “Para entonces ya teníamos los primeros casos de afectados y muertes en entre los empleados de salud. Se superó el veto, pero aún así el presidente Bukele no lo quiso publicar y lo mandó a la Sala, que ahora ha emitido su sentencia. “Hemos perdido tiempo. Cuarenta familias aproximadamente del sector salud quedaron desprotegidas de este decreto mientras tanto”. “Es nuestro deber y obligación ver cómo se incluyen en los beneficios a las familias de estos “héroes” del sector salud que dieron su vida por su Patria y por su profesión”, insistió Lara.