Desde el 12 de octubre de 2020, la señora Adilia del Carmen Barraza, vive una triste historia en el Hospital Rosales. Ella fue diagnosticada con cáncer hepático grado “A” en el Hospital San Rafael de Santa Tecla y a pesar de que su mal tiene posibilidades de ser resuelto, su hijo Jorge Barraza, manifiesta que, en vez de darle atención, lo que han hecho en el Rosales es darle el alta.
“El cáncer es únicamente en el hígado, no lo tiene en los demás órganos. En caso extremo un trasplante de hígado le puede ayudar, ella tiene 5 posibles donantes, pero dicen que no tienen los elementos y recursos para hacerlo. Ella es candidata “A” incluso para trasplante de hígado, cualquiera de los cinco hijos de ella le damos una parte del nuestro, pero dicen que no tienen los recursos para hacerlo, aunque supuestamente si hay médicos que tienen la capacidad para hacerlo”, manifestó muy preocupado su hijo.
En la demanda de amparo constitucional, Barraza demanda a los directores del hospital Rosales, al del Hospital San Rafael, de Santa Tecla y al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud por las violaciones constitucionales siguientes: contra el director del Rosales por la negativa de brindarle a la señora Barraza el tratamiento médico idóneo para eliminar o tratar el cáncer hepático grado “A” que le ha sido diagnosticado, violentándose así el derecho a la Salud y en consecuencia el derecho a la Vida.
En contra del director del Hospital General “San Rafael” de Santa Tecla, por la omisión de dicho centro hospitalario de informarle a la peticionaria Adilia del Carmen Barraza “que padecía de cáncer hepático, lo cual provocó que se perdieran seis meses valiosísimos sin saber dicho padecimiento, dejando en indefensión a la peticionaria, pues no se hizo saber su padecimiento, violentándole así el derecho a la Salud y en consecuencia el Derecho a la Vida y subsidiariamente el derecho a la información”, reza el amparo presentado por el hijo de la paciente, quien también es abogado.
En contra del Órgano Ejecutivo en el ramo de Salud por no haber brindado los elementos necesarios y capacitados, así como los medicamentos y herramientas necesarias para que la señora Barraza reciba el tratamiento médico idóneo para eliminar o tratar el cáncer hepático grado “A” que le ha sido diagnosticado.
Según revela el abogado en su demanda, su madre llegó al hospital San Rafael de Santa Tecla el 31 de marzo de 2020, con fuertes dolores abdominales, después de una serie de exámenes, inclusive privados que se pagaron a un ente privado, la peticionaria recibió diagnóstico verbal de que tenía cálculos en la vesícula y que sería operada.
“Es así que el día 3 de abril de 2020 fue operada en el Hospital Nacional General “San Rafael” con extirpación completa de la vesícula. El día 6 de abril de 2020, fue dada de alta de dicho hospital. Con poco medicamento, y sin ninguna clase de información sobre el resultado de su operación, aun cuando la peticionaria lo pidió. No se le informó el resultado de la operación, ni mucho menos se informó que necesitaba de manera urgente otra re-intervención”, dice el recurso de amparo.
Agrega el escrito que en el San Rafael nadie le informó a la peticionaria que tenía “cáncer vesicular invasivo” y que había sido operada de eso, y que el cáncer comenzaba a llegar al hígado, que en consecuencia necesitaba urgentemente otra cirugía sobre el hígado para extirpar los restos del cáncer vesicular.
“Al no decirle a la peticionaria que tenía cáncer, es una negligencia muy grave que provocó que la peticionaria se confiara en que todo había salido bien de la operación de la vesícula y que solo había que esperar para recuperarse. Dicha omisión de informar a la peticionaria de su condición de salud es una mala praxis, que podría tener implicaciones en la comisión por omisión de los delitos de oficio culposo o lesiones culposas, dado que los médicos del hospital Nacional San Rafael, se constituyeron en la posición de garantes de la salud y vida de la peticionaria y no le informaron de su padecimiento”, se relata en el recurso.
Añade que también se podría estar en presencia del delito de “omisión del deber de socorro”, tipificado en el artículo 175 del Código Penal y el de “denegación de asistencia sanitaria”, artículo 176 del Código Penal, “realizada de manera tácita, por comisión por omisión”.