Este viernes la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia celebra la audiencia pública en la que Nayib Bukele y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, deben responder sobre lo que han hecho en cumplimiento a la sentencia de este tribunal que les ordena realizar acciones para reparar daños a víctimas del conflicto armado.
El máximo tribunal celebra por primera vez una audiencia pública la cual es transmitida en vivo a través de Facebook Live . Esta se desarrolla como seguimiento al cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistia General para la Consolidación de la Paz, en julio de 2016, y estableció obligaciones decretadas para cada institución del Estado, entre estas la creación de una nueva ley de reconciliación nacional que incluya los derechos y asistencia a las víctimas del conflicto armado.
En noviembre pasado, la Sala dio una segunda prórroga a los diputados, hasta febrero de 2020, para la aprobación de la nueva normativa. El 26 de febrero el Órgano Legislativo aprobó con 44 votos el decreto 575 que dio vida a la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, no obstante el presidente de la República lo vetó.
Desde esa fecha, dicen los magistrados, la Asamblea no ha superado el veto ni se ha promovido ninguna controversia constitucional ante dicho tribunal.
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Al Órgano Ejecutivo se le impuso en la sentencia diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas de Estado en materia de respeto, protección, promoción y garantía de derechos fundamentales. Pero además se le obligaba a asegurar que las prioridades en la asignación y ejecución de recursos se orienten a tales fines.
Tras anunciar el desarrollo de esta audiencia los magistrados señalaron, el pasado 7 de octubre, que tanto el presidente Bukele como Ponce deberán responder, en el primer caso sobre las razones jurídicas y constitucionales por las que vetó el decreto legislativo 575, así como las políticas públicas que ha implementado de manera concreta en cumplimiento a este mandato.
Ponce deberá rendir explicación sobre por qué la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional cumple con los elementos básicos de justicia transicional o en su defecto por qué hasta la fecha no ha superado el veto, declara la sentencia.
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