La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Ministerio de Hacienda que no se repita el impago de los salarios en el sector público.
Al mismo tiempo, ordenó al presidente Nayib Bukele y al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que rindan un informe por el retraso del pago de salarios de los empleados de la Asamblea Legislativa.
El máximo tribunal se pronunció así al admitir una demanda de amparo interpuesta por los trabajadores de la Asamblea Legislativa por el impago de salarios.
El pasado 30 de septiembre, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional contra el presidente Nayib Bukele, y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
En ese momento, el secretario general del Sitral, Luis Ortega, indicó que el Ejecutivo violó el derecho de los empleados de la Asamblea a recibir su salario, el cual está regulado en la Constitución.
En el documento de la Sala, los demandantes exponen que, “de una forma deliberada, se ha omitido la habilitación de los fondos requeridos para el pago de sus salarios, obedeciendo dicha situación, según sus consideraciones, a una estrategia de presión en contra del Órgano Legislativo”, indica la demanda.
En el documento consta también que a los trabajadores de la Asamblea se les vulneró el derecho al trabajo y a recibir un pago oportuno, y de forma periódica, que les permita cumplir con sus obligaciones y a tener condiciones de subsistencia digna.
La Sala argumenta que, aunque los salarios hayan sido pagados por Hacienda, “los motivos que fundamentan la presunta lesión al derecho constitucional invocado subsisten”, debido a que puede existir un riesgo de que la acción se repita en los meses posteriores.
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La Sala determina que para evitar que suceda nuevamente el retraso en el pago de salarios, las autoridades del ministerio de Hacienda tienen que presentar un informe mensual de la calendarización de la transferencia de fondos que se realizará a todas las instituciones, mientras dure la tramitación del proceso. “En el plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución, el ministro de Hacienda, el director general de Presupuesto y el director general de Tesorería, deberán rendir, cada uno, un informe, acreditando los motivos financieros, técnicos y objetivos por los cuales se ha retrasado o se retrasó la autorización de los mencionados fondos para el pago de retribuciones a la Asamblea Legislativa”, dicta la Sala.
Añade la demanda que el informe debe contener, entre otros datos, la recaudación y estado de cuenta diario de ingresos y egresos tributarios y no tributarios, además de la programación de remuneración del sector público de los seis meses anteriores.